Por Fernando Tamayo

A escasos días de que concluya la actual Legislatura Local, los pendientes en el Congreso del Estado dan cuenta de que este mes de agosto los diputados seguirán siendo noticia, dado que los asuntos que tienen en puerta resultan de toda la relevancia para los representantes populares.

En primera instancia la revisión de las Cuentas Públicas será como cada año un tema polémico, sin embargo, este año tendrá un ingrediente extra. El proceso de fiscalización que han vivido los estados financieros de los entes fiscalizables del 2017 no ha llevado un procedimiento acorde a lo establecido en la Ley de Fiscalización Superior, incluso, fue en el mismo mes de mayo cuando trascendió que un buen número de comunas tlaxcaltecas se encontraban reprobadas de acuerdo al Informe entregado por el OFS a la Comisión de Finanzas.

Sin embargo y pese a que el Congreso estuvo en un gran impasse legislativo gracias al proceso comicial, mágicamente o por lo menos, opacamente, los sentidos de los dictámenes fueron modificados en sentido positivo sin medir siquiera una motivación valida. Tal situación prevé que una vez más los “representantes del pueblo” se ubiquen en el centro del huracán y que de nueva cuenta exhiban su falta de habilidad para dar cauce a los temas legislativos.

Uno más de los ríspidos asuntos que tendrán que sortear en el amurallado Congreso tlaxcalteca es la designación de puestos clave en el Sistema de Impartición de Justicia. Aunque se prevé que la designación del Procurador del Estado se realice sin mayores contratiempos el día de mañana, lo cierto es que según se ha señalado, más de uno de los diputados que ya comienzan el nostálgico despido de sus curules, han intentado frenar la designación de  José Antonio Aquiahuatl Sánchez intentando negociar algún tipo de prebenda.

Finalmente, y como parte de las adecuaciones al propio modelo de impartición de justicia, los legisladores deberán nombrar a dos magistrados más con el objetivo de conformar el Tribunal de Justicia Administrativa, así como culminar el proceso del Sistema Estatal Anticorrupción, situaciones que se perciben complejas pero que maratónicamente buscaran dar trámite.

Así las semanas venideras son, sin duda, las más importantes para aquellos que dejarán una legislatura más inmersa en señalamientos, descalificaciones y reclamos sociales, dando paso a otra más pintada de diputados morenistas, quienes llegan al cargo con un importante grado de legitimidad plasmado en las urnas pero con el compromiso y la responsabilidad de cumplir lo que AMLO ha venido pregonando durante más de una década. ¿Serán capaces? Al tiempo.

Desde la barrera

Dentro de los pendientes que tienen los Diputados existe uno que es de vital importancia. La integración del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción se ha convertido en un tema de desgarre de vestiduras entre distintos personajes quienes ven en él la oportunidad de “evidenciar” y “exhibir”, según su óptica, los excesos cometidos por “la mafia del poder” como la llaman. A estos personajes que tienen todo menos la autonomía necesaria para ser considerados como representantes de los intereses ciudadanos se les olvida que esta figura tiene como premisa mayor la de ser integrada por personas cuya finalidad no sea la cacería de brujas, sino por el contrario, contribuir en la generación de una sociedad menos corrupta. Hoy los verdaderos ciudadanos quieren más ciudadanismo y menos politiquerías.

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