Por Esteban García

El presidente municipal de Ixtenco, Miguel Ángel Caballero Yonca, fracasó en su intento de recuperar la alcaldía, que sigue en manos de pobladores inconformes con su gestión.

Todo apunta a que la violencia desatada el pasado miércoles es responsabilidad del alcalde emanado de las filas del Partido Encuentro Social, pues desatendió la solicitud del gobierno estatal de mantener el diálogo y no adoptar una actitud de conflicto, a fin de abonar a una eventual salida pacífica.

La decisión del edil resultó totalmente absurda, pues en el supuesto de que hubiera retomado el edificio, aún hubiera tenido que responder a los señalamientos de nepotismo e irregularidades financieras que acusan sus detractores.

Ahora nada se sabe de su paradero. Lo que sí trasciende es que, su personal solicitó la intervención de policías de otros municipios, incluidos de Puebla, en el marco de acciones de seguridad, por lo que estos habrían sido engañados para intervenir.

El líder estatal de su partido, José Luis Garrido, salió a defender lo indefendible, más interesado en “cuidar” la imagen de su instituto que en ser corresponsable con el pueblo de Ixtenco, que pide la salida inmediata del edil.

Ojalá el Congreso local atienda las demandas de los inconformes. El Órgano de Fiscalización Superior y la Comisión de Finanzas deben tener elementos para determinar si Caballero Yonca incurrió en excesos. La síndico municipal, Lucía Rojas, consideró que, para darle solución al problema, es necesaria la revocación de mandato del alcalde.

EDILES QUEDAN A DEBER.

Los últimos acontecimientos de violencia en varios municipios dan cuenta de que hay alcaldes siguen sin poner atención a los problemas de inseguridad en sus demarcaciones.

Por ejemplo, sujetos desconocidos balearon el domicilio del presidente municipal de Cuapiaxtla, Arturo Hernández, y aunque se implementó un operativo para dar con la ubicación de los agresores, no se logró dar con su paradero.

Según el alcalde, tras el ataque, se decidió que redoblarán los esfuerzos y las estrategias contra la delincuencia, y aseguró que no bajarán la guardia, pues le han dado “varios golpes” a la inseguridad. Aunque no descartó que ello sea el móvil de los hechos, lo cierto es que la comuna es tan vulnerable como lo sea su policía municipal.

En Papalotla, el domicilio del diputado perredista Alberto Amaro Corona fue asaltado con violencia. De acuerdo al propio legislador, la policía municipal actuó de manera irresponsable, ya que, aunque dio aviso de que había varios sujetos armados, solo llegaron dos elementos y con la torreta encendida, lo que motivó que estos fueran recibidos a balazos.

Y en Ixtenco, como es sabido, la alcaldía está tomada y los servicios suspendidos, entre ellos, los de seguridad, sin contar que una de las patrullas municipales resultó dañada por la ciudadanía, y al parecer hay tres unidades de las que se desconoce su ubicación.

Por donde se vea, los presidentes le siguen quedando a deber a los ciudadanos.

NADAN DE MUERTITO.

La actitud del diputado Alberto Amaro es incongruente.

Primero, señala la mala actuación de la policía municipal de Papalotla para atender el asalto con violencia cometido en su domicilio, y luego sube a tribuna para exigir al gobierno estatal resultados en esa materia.

Por otra parte, pide no mezclar este hecho con la política, pero no son desconocidos los problemas que ha tenido con la justicia en Puebla y Tlaxcala, con los tianguistas de la región de Texmelucan, ni con sus correligionarios del PRD.

Lo cuestionable en este asunto es que, como el edil de Cuapiaxtla, sólo actúa así cuando sus intereses personales se ven afectados.

En el Congreso hablan de llamar a comparecer a funcionarios estatales, pero no hacen lo propio con los alcaldes que evidentemente no cumplen a cabalidad su función.

Es lamentable que los diputados locales no asuman también la parte que les toca en la conducción adecuada de la entidad.

Les gusta nadar de muertito en la atención de las problemáticas, pero cuando les conviene se rasgan las vestiduras en tribuna y sin calidad moral demandan hasta renuncias.

Si a esas vamos, deberían renunciar también cuando incurren en omisiones que dejan mal parado al estado, como sucedió apenas con el Sistema Estatal Anticorrupción. Pero de eso nadie dice nada.

“PRONTO”, SIN AMPARO.

La justicia federal negó finalmente a los representantes de la plataforma “Pronto” el amparo que buscaban contra los operativos implementados por el gobierno estatal para sancionar unidades que prestan servicios de traslado de pasajeros fuera de norma.

De acuerdo a las primeras versiones periodísticas, la autoridad determinó declarar inexistentes los actos reclamados por la firma, que pretendía protegerse ante la posible detención y retención de vehículos de sus socios, y exigía al Congreso estatal legislar en materia de plataformas como la suya.

Al final, el Poder Judicial de la Federación estimó que el amparo no podía otorgarse sobre hechos futuros e inciertos, y que también era inexistente la omisión legislativa para el funcionamiento de servicios como los que presta, ya que los diputados locales no están obligados a hacerlo.

La defensa legal de “Pronto” deberá dar una buena explicación, no solo a los dueños, sino a los socios, tras asegurar con vehemencia que el amparo era un hecho.