Por Fernando Tamayo

Pese a que es para todos conocido, en particular para la clase política, que el Modelo democrático se encuentra desgastado y el Sistema Político desvinculado de la sociedad esta etapa de intercampañas no solo ha resultado incómoda para el electorado sino para ciertos candidatos presidenciales que se encuentran en serias complicaciones derivado de la serie de señalamientos que se hacen en su contra.

Tal es el caso del representante del llamado Frente Amplio, coalición integrada por PAN, PRD y PAC, donde pese a existir un señalamiento claro por parte de la Autoridad responsable de Procurar Justicia, Ricardo Anaya ha decidido llevar a los terrenos de lo político su actuar.

Y es que pese a que existe el principio jurídico donde todo mundo es inocente hasta que se demuestre lo contrario, el caso de Ricardo Anaya es un asunto particular. En primera instancia estamos hablando de imputaciones jurídicas en contra de un Candidato Presidencial. Pese a contar con su derecho de acudir ante la Autoridad para rendir su declaración y validar su derecho de audiencia, Anaya decidió montar un espectáculo en la sede de la PGR, sin responder de manera clara respecto a la vinculación que tiene con su socio Manuel Barreiro.

Los panistas comentan que se trata de un asunto político y donde el PRI ha utilizado el aparato estatal para señalar a Anaya, sin embargo, lo curioso es que el propio Anaya ha jugado y sigue jugando en terrenos políticos y no jurídicos. ¿Por qué Ricardo Anaya no ha acudido a los tribunales a defender su situación legal? ¿Por qué ha decidido utilizar un discurso enormemente rentable en términos electorales como lo es el de la victimización?

Sean legalmente verdaderas o no las acusaciones que se realizan en contra de Ricardo Anaya, lo cierto es que él mismo a través de sus acciones ha contribuido a que un tema de triangulación de recursos, enriquecimiento ilícito y lavado de dinero se ventile en la palestra electoral y no en los tribunales como debería ser de acuerdo al Estado de Derecho que debe imperar. ¿A quién beneficia esta postura? Al tiempo.

Desde la barrera

Y en eso de los señalamientos dentro de la lista difundida del SAT sobre empresas fantasmas aparecen algunas sociedades mercantiles que en su momento fueron proveedoras de aquellos partidos políticos que hoy desde la arena electoral pretenden garantizar la honorabilidad de Ricardo Anaya. Ojalá en un ánimo de congruencia y abono a la transparencia dieran cuenta de este vínculo.

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