Por Edgardo Cabrera

Tal y como lo anticipamos en este espacio desde que fue enviada la terna por parte del ejecutivo, José Aarón Pérez Carro se perfilaba para ser nombrado Procurador General de Justicia del Estado.

Sin demeritar la preparación académica y la experiencia de Miguel Nava Xochitiotzi y Rocío Bautista Hernández, lo cierto es que Pérez Carro se los llevaba de calle en cuanto a currículo.

Hasta el lunes fungió como Director General con adscripción a la Dirección General de Control de Procesos Penales y Amparo en Materia de Delincuencia Organizada de la PGR y sumaba ya poco más de dos décadas trabajando en distintas áreas de dicha dependencia federal.

En su momento estuvo a cargo de la investigación para esclarecer el caso de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, pero por presiones políticas y de los propios normalistas fue separado del caso y regresado al área de delincuencia organizada de la misma PGR, en su lugar llegó otro responsable de la indagatoria previamente consensado con los familiares de las víctimas.

Si bien no faltó quien quisiera generarle ruido a la propuesta de Aarón por el caso Iguala, lo cierto es que no pudieron probarle ninguna mala acción en su labor al concluir que fue por presiones políticas su remoción y, por el contrario, se impuso su currículo por lo que con 23 votos de 25 diputados de todas las fracciones parlamentarias fue designado sin mayor objeción como procurador.

Preocupante

Por cierto que al ser evaluados, los aspirantes a procurador coincidieron en que el Nuevo Sistema de Justicia Penal no ha dado los resultados esperados debido a la falta de capacitación y conocimiento por parte de aquellos que lo deben operar, además advirtieron la falta de coordinación entre corporaciones para combatir la inseguridad.

En el caso particular del nuevo sistema de justicia, que incluye los juicios orales, preocupa la observación realizada dado que desde el sexenio anterior se invirtieron millones de pesos para tal fin y en los hechos no se ve reflejado el resultado.

Los agentes del ministerio público han evidenciado deficiencias en la integración de las respectivas carpetas de investigación.

Es evidente que en Tlaxcala la oralidad de los juicios y los procesos previos han dejado a las víctimas del delito inconformes y vulnerables.

Por la ineficiencia y violaciones al debido proceso por parte de policías, MP y jueces, los delincuentes obtienen fácilmente su libertad y regresan a las calles a hacer lo mismo: atentar contra el patrimonio y la integridad de la población.

Lo peor del caso es que ante la ignorancia, en la mayoría de las denuncias se privilegian los sistemas alternativos de solución, como conciliaciones, en donde las víctimas del delito terminan aceptando convenios desfavorables ante las amenazas de los delincuentes o la presión de las propias autoridades encargadas de procurar justicia.

Por lo anterior, José Aarón Pérez tendrá que ponerse a trabajar en serio para pasar de las quejas y la crítica a la acción y solución para frenar la impunidad con la que operan los delincuentes al amparo del NSJP o por la falta de coordinación de las corporaciones encargadas de la seguridad y procuración de justicia.

Por cierto  

A colación de las deficiencias admitidas en la operación del Nuevo Sistema de Justicia Penal, la magistrada Maricruz Cortés Ornelas debe rendir cuentas.

Recordemos que durante el sexenio de Mariano González Zarur fungió como vocera para la implementación de dicho sistema y, aún recordamos, todo era miel sobre hojuelas y presumía avances notables en la capacitación de los funcionarios.

Ahora como flamante magistrada está obligada a explicar a dónde se fue el dinero y porqué la presumida capacitación no ha dado resultados a la fecha.