Seguridad, protección civil y procuración de justicia requieren de funcionarios capaces, si no pueden con el paquete es momento que renuncien. Ante el problema de los basificados dejados por sus antecesores, los alcaldes han cometido tropiezos legales. Por cierto, una primera conclusión jurídica dejaría a salvo las bases obtenidas por el 7 de mayo

Por Edgardo Cabrera

Apenas el lunes lo escribí (a colación de las explosiones en Xaloztoc en una bodega clandestina de pirotecnia y de otra “huachicolera”) y sucedió de nuevo pero ahora en Ixtacuixtla con un saldo de 2 víctimas mortales.

De nueva cuenta la complicidad de los vecinos y la ineficacia de las autoridades para detectar esas bombas de tiempo cobró factura con el estallido de otro almacén clandestino.

Por fortuna el evento no alcanzó a una guardería aledaña, tampoco a las casas y negocios colindantes, la rápida actuación de los equipos de emergencia permitió controlar el siniestro y acordonar el área.

En menos de una semana y en apenas un mes, las explosiones y saqueo de ductos de Pemex han colocado a Tlaxcala en las noticias nacionales.

A la fecha no se ha procedido en contra de ningún responsable y el procurador Tito Cervantes sigue sin dar la cara, tampoco ha mostrado resultados de las investigaciones, si es que existen.

En la otra esquina llama la atención que en el Congreso el reluciente presidente de la comisión de Protección Civil, Seguridad Pública, Prevención y Readaptación Social, el petista Jesús Herrera, no emitiera ningún pronunciamiento ante el Pleno por las tragedias de la semana pasada y menos la de ayer, parece que ni enterado estaba de lo ocurrido hasta que fue entrevistado por reporteros y puesto al tanto de los hechos.

Y mientras apenas asimilábamos lo de Ixtacuixtla, horas después en San Pablo del Monte otra casa donde se almacenaba combustible, presuntamente también robado, se incendió sin que se reportaran lesionados.

Seguridad, protección civil y procuración de justicia requieren de funcionarios capaces. Ante los hechos y si no pueden con el paquete es momento que renuncien.

¿Novatez o dejadez?

Aunque la mayoría de los alcaldes han protestado por el número de trabajadores basificados que dejaron sus antecesores, en los hechos ninguno ha hecho algo inteligente para contrarrestar la afectación a las arcas municipales o, en el peor de los casos, prefirieron hacerse de la vista gorda.

En Chiautempan, por ejemplo, el alcalde priísta-ecologista Héctor Domínguez y su cabildo se envalentonaron, dieron de baja a una treintena de empleados agremiados al 7 de mayo con lo que sólo provocaron una crisis que escalará en la medida que no sean reinstalados los trabajadores.

La dirigencia sindical anticipó la radicalización de sus protestas ya que no se quedaron conformes con el simple pago de la última quincena de los despedidos. En la comuna sarapera queda claro que no existe ni talento político ni legal para atender el asunto.

En Huamantla el despido de 23 sindicalizados también orilló al gremio a protestar y exigir al alcalde Jorge Sánchez Jasso su reinstalación. Al igual que en Chiautempan, no se cuidó el proceso de la baja por lo que el 7 de Mayo alista la vía legal y la presión social por medio de las manifestaciones.

Contla es un caso radicalmente opuesto. En ese lugar el alcalde perredista, Miguel Muñoz, ha dejado pasar la basificación de 8 personas que dejó el ex edil Filemón Acoltzi Nava, entre ellos el de su madre, Hortensia Nava, quien fue colocada en el nivel más alto con un puesto de secretaria por el que cobra más de 14 mil pesos mensuales.

Ante la dejadez del edil, los regidores levantaron la voz en contra del perredista a quien le exigieron emprender acciones legales contra la contratación de la progenitora de Filemón dado que, por un lado, fue flagrante el nepotismo cometido por el ex edil y, por el otro, estaríamos ante un caso de usurpación de funciones de Hortensia quien cobró por un puesto en el que nunca trabajó.

Según los regidores, desde junio del 2016 la señora fue contratada por su hijo e inmediatamente basificada por el Sindicato 7 de Mayo con el nivel más alto; actualmente la tienen en el DIF y no realiza tareas de secretaria porque simplemente no sabe.

Si bien los regidores están conscientes que dar de baja a la totalidad de los basificados es un asunto complejo que debe sustentarse jurídicamente, en lo inmediato puede documentarse la falta de preparación de los empleados para desempeñar algunos puestos lo que puede derivar en su baja, no así la cancelación de la base.

Mientras que, en otro caso, en la capital del estado Anabell Ávalos ha preferido no llevar el caso de los 9 basificados por Adolfo Escobar al terreno mediático ó a una confrontación directa con el líder estatal sindical Edgar Tlapale.

Si bien en la nómina del ayuntamiento capitalino aparece entre los nombres de los recién sindicalizado el hermano de Tlapale, la alcaldesa sabe que correrlo, junto con el grupo de favorecidos por Escobar, podría derivar en protestas que frenen el trabajo de la comuna.

Se sabe que a la par del análisis jurídico de cada caso, se determinó poner a trabajar a los sindicalizados, porque una cosa es que fueran beneficiados y la otra que cobren sin laborar, no cumplan con horarios o no sean aptos para desempeñar las funciones establecidas en sus contratos.

Lo caído, caído

Pero mientras se dirime la legalidad e incluso moralidad con la que actuaron los ex presidentes municipales, una primera conclusión jurídica dejaría a salvo las bases obtenidas por el Sindicato 7 de Mayo.

Si bien en algunos casos podrían ser removidos los beneficiados, las plazas otorgadas al gremio se mantendrían a salvo con lo que Tlapale y compañía podrían colocar a quien les plazca, sí, incluso a nuevos recomendados por los alcaldes en funciones.

Esta última parte no hay que perder de vista, sabemos que detrás de las desgarradores lamentos de algunos presidentes existe la verdadera intención de quitar a los amigos de sus antecesores para colocar a los suyos.

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