Ángeles Mendoza Arteaga*

La discriminación contra la población Lésbico, Gay, Bisexual, Transexual, Travesti, Transgénero e Intersexual (LGBTTTI) resulta, desde cualquier óptica, injustificada. La sociedad no tiene ningún argumento válido para atacar a una persona que tiene una orientación diferente de la heterosexual.

Lo anterior es válido para cualquiera, pero en especial para los actores públicos, quienes desde sus espacios no deben condenar a la comunidad de la diversidad sexual, que ha sido muy atacada y siempre ha generado polémicas por temas como la adopción y el matrimonio entre personas del mismo sexo.

De acuerdo con la primera Encuesta Nacional sobre Homofobia en el Trabajo -elaborada por la organización Espolea A.C., el sitio web Foro Enehache y la Comisión Nacional de Derechos Humanos-, 35 por ciento de las personas gays, lesbianas, bisexuales y transgénero ha sido víctima de algún tipo de discriminación en su centro laboral.

El estudio reveló, también, que al 20 por ciento de las personas LGBTTTI se les ha preguntado sobre su orientación sexual o su identidad de género antes de ser contratadas, y que a 14 por ciento se le ha negado un empleo a causa de su orientación sexual o identidad de género.

Aunque condicionar un empleo a la orientación sexual o identidad de género de una persona está prohibido por la ley, la mayoría de quienes lo experimentan no denuncia debido a que no puede probar ante las autoridades que la razón de la no contratación o del despido es la homofobia o transfobia.

Un 55 por ciento de los participantes en la encuesta expresó que nadie o pocos compañeros de trabajo saben de su orientación sexual o identidad de género. Esto se debe a que la mayoría teme que al “salir del clóset” pueda ser víctima de burlas o discriminación.

El grupo que reportó mayores índices de discriminación fue el de las mujeres transgénero y transexuales, seguido por el de los hombres gays y bisexuales, mientras que en tercer sitio se ubicó el de las mujeres lesbianas y bisexuales.

De acuerdo con la organización Espolea A.C., una de las cifras más alarmantes obtenidas a través de la encuesta es que solo el 17 por ciento de los participantes discriminados acudió a interponer una queja o denuncia ante las autoridades competentes.

La ausencia de denuncias refleja un bajo conocimiento de las instituciones que pueden atender esta problemática. En este sentido, apenas el 26 por ciento de los encuestados aseguró conocer cómo funcionan instancias como los organismos públicos de derechos humanos o los consejos para prevenir y eliminar la discriminación.

Abatir las prácticas discriminatorias en contra de la población LGBTTTI es una tarea que debe tomar cada vez mayor fuerza. Una de las propuestas más elementales es que se conozcan plenamente el marco legal y las instituciones que pueden apoyar a este sector de la población cuando sus derechos humanos son violentados.

De igual forma, es indispensable que existan campañas de información y capacitaciones sobre el tema no sólo en los espacios de trabajo, sino también en las aulas y las instituciones públicas. Es necesario que las y los funcionarios públicos sean capacitados para atender adecuadamente a las personas de la comunidad LGBTTTI y que quienes discriminen sean sancionados sin importar su jerarquía en la administración pública.

* Directora del Centro de Investigación y Capacitación en Derechos Humanos de la Comisión Estatal de Derechos Humano