Aldo Mauricio Téllez Pérez*

En muchas ocasiones, la utilización de métodos violentos en la educación de los infantes responde a la repetición del modelo de crianza que acompañó al adulto durante su niñez: si éste fue criado con violencia, le resulta ‘normal’ y no identifica alternativas distintas a la hora de poner límites. Las situaciones de estrés contribuyen, en gran medida, a desencadenar episodios de violencia hacia los niños, volcando en ellos frustraciones y fracasos.

“Te pego por tu propio bien”, “te pego porque te quiero”, “mis padres me pegaron y yo crecí bien”, “una paliza dada a tiempo es buena para la educación” o “a ese niño le falta una buena paliza”, son algunos de los irracionales argumentos que los adultos usan para justificar los golpes.

Gran parte de la violencia contra las niñas y los niños se oculta a la vista de los demás y por eso muchas veces es tolerada. Solo una pequeña parte es denunciada a la justicia e investigada por los órganos competentes, y pocos agresores son procesados. Mucha de la violencia infantil se esconde o no se informa debido a la vergüenza, el miedo o porque es vista como ‘normal’ por la sociedad.

Pero el maltrato hace mal a niños y niñas porque representa una de las vulneraciones más grandes a sus derechos humanos; ya sea que hablemos de violencia física, sexual y psicológica, así como también de desatención deliberada y castigos crueles y humillantes.

Cuando se produce violencia contra los niños y las niñas, las heridas físicas pueden desaparecer, pero las secuelas psicológicas no. La violencia afecta su salud física y mental, pone en peligro su capacidad para aprender y socializar, y afecta el desarrollo afectivo y relacional a lo largo de la vida.

La violencia infantil es una causa de sufrimiento para los infantes y las familias, y puede tener consecuencias a largo plazo. El maltrato causa estrés y se asocia a trastornos del desarrollo cerebral temprano. Los casos extremos de estrés pueden alterar el desarrollo de los sistemas nervioso e inmunitario.

Los adultos que han sufrido maltrato en la infancia corren mayor riesgo de sufrir problemas conductuales, físicos y mentales como: depresión, consumo de tabaco, comportamientos sexuales de alto riesgo, embarazos no deseados, consumo indebido de alcohol y drogas.

En materia de derechos de la infancia y la adolescencia, en 1990 México ratificó la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN), por lo que desde ese momento quedó obligado a cumplir con sus disposiciones y a adoptar diversas medidas para hacer efectivos los derechos reconocidos en ella. Asimismo, ratificó los dos protocolos facultativos de la CDN relativos a la participación de niños en conflictos armados, y a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía.

El Estado mexicano también llevó a cabo reformas constitucionales que le han permitido avanzar en el proceso de adecuación de su legislación interna a la CDN, entre las que destaca la reforma al artículo 4, que incorpora la noción de sujetos de derecho, reconociendo que los niños y niñas son titulares del derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo, y estableciendo que los ascendientes, tutores y custodios tienen el deber de preservar estos derechos.

Asimismo, la referida reforma establece que el Estado es responsable de proveer lo necesario para propiciar el respeto a la dignidad de la niñez, el ejercicio pleno de sus derechos y otorgar facilidades a los particulares para que coadyuven al cumplimiento de los derechos de la niñez.

La CDN, en su artículo 19, establece que es obligación del Estado proteger a los niños y niñas de todas las formas de malos tratos perpetrados por padres, madres o cualquiera otra persona responsable de su cuidado, y establecer medidas preventivas y de tratamiento al respecto.

Veinticinco años después de la aprobación unánime de la CDN, en 1989, aún hay mucho por hacer para garantizar que los niños, niñas y adolescentes sean protegidos de toda forma de violencia. Aunque hayamos logrado establecer progresos en el marco legal y aunque tengamos muchos ejemplos de iniciativas positivas, los esfuerzos para prevenir y responder a la violencia contra la niñez son escasos.

La prevención del maltrato infantil requiere un enfoque multisectorial. Los programas eficaces son los que prestan apoyo a los padres y les aportan conocimientos y técnicas positivas para criar a sus hijos.

En este tenor, la Comisión Estatal de Derechos Humanos ha implementado el Programa de Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, a fin de que a través de la difusión, promoción y defensa de sus derechos fundamentales se contribuya a erradicar la violencia infantil que aqueja a muchas familias del estado.

Ser agredido por alguien a quien se ama siempre afecta la autoestima y la confianza en uno mismo, sobre todo cuando la agresión tiene lugar en el periodo de la infancia. Por ello, es fundamental consolidar en las familias una visión de respeto a los derechos de la niñez que se materialice en una educación y convivencia basadas en valores y principios.

* Defensor de derechos humanos de la Cuarta Visitaduría General de la Comisión Estatal de Derechos Humanos