Senadora Adriana Dávila Fernández

Pasado el proceso electoral del 7 de junio, la economía nacional sufre de nueva cuenta otro revés: la Tercera Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2015 y sus Anexos 1-A, 3, 7, 15, 23, 26, publicada en el portal de Internet del Servicio de Administración Tributaria (SAT), estipula el cobro a partir del 1 de julio, el cobro del 16% de IVA en alimentos preparados, vendidos en las famosas tiendas de conveniencia (K, Oxxo, 7-Eleven), supermercados y tiendas de autoservicio, independientemente de que se consuman en el lugar de compra. Claro está que vamos directo al cobro de impuestos en alimentos, asunto que el Gobierno federal se comprometió a no modificar en los próximos 3 años.

Fue precisamente a finales de enero del 2014 cuando el Secretario de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Luis Videgaray Caso aseguró que no se alteraría el esquema de los impuestos. Y pese a que hemos escuchado la justificación de las autoridades de que no se trata de un nuevo impuesto, sino de aplicar una disposición vigente desde hace más de 15 años, lo cierto es que esta medida es un golpe a la economía familiar, al poder adquisitivo de las y los mexicanos.

¿Hay manera de interpretar las palabras de este funcionario cuando entonces hablaba de “darle a las familias, a los trabajadores y a las empresas la certidumbre de que los impuestos no cambiarán por lo menos en un periodo de tres años; que no habrán de modificarse las tasas, que no habrá nuevos impuestos, que no habrá nuevas reglas de carácter tributario”?

¿No es una incongruencia que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) afirme que con esta medida se da certeza a un artículo ya estipulado en la Ley del Impuesto al Valor Agregado? El argumento principal de esta medida se encuentra en la idea de que hasta ahora se ha aplicado la ley de manera incorrecta, puesto que un mismo producto se vendía con el 16% de IVA en una tienda departamental, y con tasa cero en una tienda de conveniencia.

¿Es válido subir impuestos so pretexto de dar “certidumbre” a la ley, precisamente después de la elección? Ninguna explicación será suficiente para los trabajadores de oficinas, fábricas, establecimientos, estudiantes, madres de familia, entre otros muchos consumidores, quienes verán mermada su capacidad de consumo al tener que adquirir este tipo de “comida rápida” para poder cubrir los horarios estipulados tanto en sus trabajos o en su quehacer cotidiano.

En distintos foros, a través de iniciativas, puntos de acuerdo o pronunciamientos específicos, el Grupo Parlamentario de Acción Nacional en el Senado de la República ha señalado enfáticamente los equívocos en materia económica. Los Senadores Ernesto Cordero, Francisco Búrquez, Fernando Herrera, Héctor Larios, Martín Orozco, entre otros legisladores especializados en la materia, han sido críticos de la política fiscal y han manifestado la incongruencia de las falsas promesas de no aumentar los impuestos.

Baste analizar los datos del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI): si más del 50% de la población mexicana no gana lo suficiente para comprar la canasta básica, será la clase trabajadora la afectada con este nuevo impuesto.   Francamente es una traición a la economía familiar de la clase trabajadora; decisión unilateral en materia administrativa; simulación ante el nulo crecimiento del aparato productivo, por desgracia, posterior a las elecciones. Es una pena el incumplimiento de la palabra empeñada.

Los problemas van a continuar en tanto no se hagan modificaciones a fondo de los criterios fiscales, es decir, trabajar desde las leyes de origen en materia hacendaria, para que con ello se permita impulsar la economía nacional.

Justificar la implementación de cualquier impuesto en el hecho de que ya se contemplaba en la ley pero no se había aplicado, es muestra de haber fallado en la política económica nacional y no tener sensibilidad ante los problemas de las familias mexicanas, por los niveles tan bajos del poder adquisitivo. México no ha crecido, cierto, pero la fuente de adquirir recursos no es a costa del sacrificio de los mismos mexicanos. ¿Cómo es que el gobierno impone a sus ciudadanos esta medida fiscal con fines recaudatorios, justo después del proceso electoral? Es momento de que en el legislativo evaluemos a dónde nos han llevado los efectos de la reforma fiscal de la presente administración.

RECUENTOS

Hace unos días se llevó a cabo una reunión de la Confederación de jubilados de Ferrocarriles Nacionales de México con autoridades de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Se esperaba una solución a sus peticiones sobre el cumplimiento del amparo y ya no hacer descuentos ilegales a los jubilados. Esperemos que pronto se ejecute una acción inmediata en contra de Víctor Flores.