Damnificados de Veracruz por el derrame de petróleo en el Golfo de México, ocurrido hace dos meses, denuncian que los padrones de Bienpesca se quedan cortos porque sólo contemplan a una centena de beneficiarios. Exigen censo oficial que dimensione el tamaño real del daño.

Fuente: PROCESO

XALAPA, Ver (Proceso).– A más de dos meses del derrame de petróleo de Pemex sobre playas del Golfo de México en Veracruz, las actividades pesqueras continúan semiparalizadas y miles de pescadores temen quedar fuera de los apoyos anunciados para compensar las pérdidas.

A las protestas se han sumado pescadores de la zona norte en municipios como Tamiahua y Pueblo Viejo; en el sur también trabajadores de Agua Dulce que reclaman que no los toman en cuenta porque no son parte de los padrones oficiales.

La preocupación surgió luego de que los gobiernos federal y estatal informaron el inicio de apoyos para pescadores registrados en los padrones de Bienpesca. En la zona serían alrededor de 100 beneficiarios, mientras que más de dos mil pescadores libres, que no están adheridos a alguna organización, podrían quedar excluidos.

La Red del Corredor Arrecifal, integrada por comunidades y organizaciones defensoras del medio ambiente, informó que su mapa de monitoreo ciudadano registra 113 sitios afectados por el derrame entre febrero y abril de 2026, a lo largo de mil 168 kilómetros de litoral, desde Paraíso, Tabasco, hasta Matamoros, Tamaulipas.

De acuerdo con la red, aún continúan recalando manchas de hidrocarburos arrastradas por corrientes o adheridas al sargazo en distintas playas.

Alberto Ramírez, representante de pescadores libres de Pajapan, explica que desde marzo último el ayuntamiento notificó la prohibición de pesca en la Laguna del Ostión en Pajapan –el primer punto afectado por el derrame de petróleo– debido a la contaminación. Desde entonces la empresa Maya, contratada por Pemex, realiza labores de limpieza en la zona.

“Hasta el momento la gente no ha podido pescar, no hay ninguna orden de que ya se puede”, expuso.

Los pescadores indicaron que la afectación se agravó porque el derrame ocurrió durante la temporada de mayor captura: “Nos pegó en la temporada más buena, de diciembre a mayo. La economía se fue para abajo. Algunos nos dedicamos a otros trabajos, al campo o a lo que salga, porque de la pesca definitivamente no se puede”.

De acuerdo con testimonios, en Pajapan hay entre mil 500 y 2 mil pescadores libres que no forman parte de padrones oficiales ni de programas de apoyo.

Los afectados señalaron que, con apoyo de instancias como la Defensoría Pública federal, entregaron documentación para solicitar un censo.

“Mandamos documentación para que hagan un censo, pero hasta el momento estamos esperando, no sabemos qué va a pasar”.

También denunciaron falta de seguimiento por parte de autoridades municipales y pidieron la intervención de los gobiernos estatal y federal:

“Que las autoridades volteen a ver a los pescadores porque seguimos parados y no podemos trabajar”.

Una pescadora, en testimonio compartido con la Red del Corredor Arrecifal, advierte que no todos los impactos pueden documentarse con facilidad:

“Nos han dicho que evidenciemos los impactos que estamos viviendo, pero ¿cómo evidenciamos los días que no hemos podido salir a trabajar, el miedo por perder el sostén de nuestras familias, el estrés por tener que lidiar con la situación, la frustración porque nos dicen que estamos exagerando, que sólo son ‘gotitas’? Para las indemnizaciones se basan en un padrón de pescadores registrados que no sabemos si refleja la realidad, y ¿qué pasa con todas las mujeres y hombres que no están registrados ahí y han sido afectados?”

Ramón García, abogado del Centro de Derechos Humanos de los pueblos del sur de Veracruz Bety Cariño, en la Sierra de Santa Martha, en Tatahuicapan, denuncia que, ante la falta de apoyos generalizados, organizaciones y afectados comenzaron a construir una estrategia legal para exigir compensaciones.

En ese proceso participan agrupaciones civiles que buscan integrar a sectores que tampoco están incluidos en padrones oficiales, como vendedores ambulantes y prestadores de servicios turísticos.

El abogado dice que la Defensoría Pública ha intervenido para gestionar apoyos ante la Secretaría de Bienestar. Sin embargo, los resultados aún son inciertos. “Es una gestión ante Bienestar para ver cómo se paga a quienes no están registrados”.

Uno de los principales problemas es la ausencia de un censo oficial que permita dimensionar a la población afectada, especialmente a los pescadores libres: “No ha habido ningún levantamiento formal para saber quiénes son los afectados”.

Comunidades afectadas también han presentado denuncias por el derrame, pero hasta ahora no han recibido respuesta de las autoridades competentes. “Se presentaron denuncias desde hace más de un mes y no hemos recibido ni acuse de admisión”.