Por Edgardo Cabrera

En el Congreso no salen de una para meterse en otra, y es que la diputada Michaelle Brito se comprometió a lograr la “alerta de violencia género” para Tlaxcala.

Para ello se propuso como presidenta de una Comisión Especial que estará a cargo de la gestión ante la Secretaría de Gobernación que –a lo mejor ya se le olvidó- es de su misma filia, de esos que están haciendo historia con la cuarta transformación.

Ya veremos si en lo hechos es eficaz y eficiente para conseguir ante la federación la mencionada alerta con la que –según sus ideas- se blindará a la entidad y, como por arte de magia, se acabarán los delitos de género como los feminicidios.

Lo único claro aquí es que si la presente legislatura ha dado muestras de ineficacia para desahogar su propia agenda, cometido una serie de yerros en temas como el presupuesto de egresos 2019, y hasta les han vetado decretos por malhechos, resulta iluso pensar que tendrán la capacidad y el éxito para conseguir algo que para el gobierno de AMLO no es prioritario en este momento.

AMIGUISMO

En el discurso prometió un “poder judicial distinto” y ahora sabemos realmente a que se refería el magistrado Bonilla.

Es evidente que la “independencia” judicial que alega fue simplemente para mantener los mismos vicios de antaño, esos donde el amiguismo y los intereses facciosos están a la orden del día.

Sabemos que para arrancar este año palomeó (por amiguismo y compromisos políticos) la contratación de al menos una treintena de funcionarios y empleados de confianza.

Por ejemplo, designó a Ignacio Ramírez Sánchez como Contralor del Poder Judicial. Recordemos que el también ex diputado local del PRI fue uno de los principales impulsores de Bonilla para llegar al TSJE.

También se estrenó Lilian Rivera como Tesorera, otro personaje no sólo con filias partidistas, sino allegada a las familias del poder lo que le valió que en la legislatura pasada fuera designada secretaria administrativa del Congreso.

Otro caso más es la secretaria privada del muñecazo, se trata de Verónica Rodríguez Camarillo, hija de la entonces presidenta del TSJE, Yolanda Camarillo; mientras que en Comunicación Social impuso a David Dan, hijo del ex magistrado Ricardo Pérez Zárate, a quien recordamos por ser destituido tras un escándalo por una presunta serie de anomalías financieras por poco más de 19 millones de pesos que incluyeron la compra de lencería con cargo al erario.

También en la lista están la hija del ombudsman estatal y varias recomendaciones más que se hicieron por parte de los allegados al presidente.

Evidentemente la situación en este poder dista mucho de cambiar, por el contrario, van de mal en peor.

Una muestra más de lo anterior es que, con todo y el supuesto error en el presupuesto, su presidente mandó al congreso local una solicitud de Fe de Erratas para modificar su sueldo de 205 mil a 90 mil pesos mensuales, con lo que se confirma una vez más su voracidad por el recurso toda vez que dicha cantidad es mayor a la del año pasado cuando ganó apenas 6 mil pesos menos.