El SEDIF Tlaxcala y Uruguay desarrollarán una plataforma para registrar vulneraciones de derechos y activar alertas ante posibles casos de violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes.

Por Stephany Rodríguez

“No es que haya más violencia, estamos atendiendo más”, señalaron autoridades de Tlaxcala durante la presentación del proyecto de cooperación internacional “Fortalecimiento institucional para la atención y prevención de delitos sexuales contra niñas, niños y adolescentes en el estado de Tlaxcala y Uruguay”, con el que se busca mejorar la detección, atención y seguimiento de posibles casos de violencia sexual contra menores de edad.

El proyecto fue presentado por Flor de María López Hinojosa, directora general del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (SEDIF) Tlaxcala, junto con Carlos Acosta Montoya, director general de Proyectos de Cooperación Internacional para el Desarrollo, Ciencia, Tecnología y Entidades Federativas de la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AMEXCID), y Martín Clavijo Moretto, director ejecutivo de la Agencia Uruguaya de Cooperación Internacional (AUCI).

La iniciativa contempla la participación de la Procuraduría para la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes de Tlaxcala y del Instituto del Niño y Adolescente de Uruguay (INAU), con el objetivo de intercambiar experiencias y fortalecer las capacidades institucionales de ambos países.

Durante la presentación, López Hinojosa explicó que uno de los principales retos para Tlaxcala es la falta de un sistema homologado que permita concentrar y analizar la información relacionada con las vulneraciones de derechos de niñas, niños y adolescentes.

Por ello, el proyecto contempla el desarrollo de una plataforma digital para registrar las vulneraciones de derechos y generar alertas cuando se identifiquen posibles casos de violencia sexual, con el propósito de facilitar una intervención más rápida y coordinada entre las instituciones responsables.

La funcionaria recordó que al inicio de la administración estatal únicamente se contaba con tres equipos multidisciplinarios para atender a una población superior a 300 mil niñas, niños y adolescentes.

Con el fortalecimiento de las procuradurías municipales de protección, las autoridades reportaron un incremento en el número de atenciones, al pasar de alrededor de mil 700 asuntos anuales a registrar picos de hasta 11 mil atenciones.

Ante cuestionamientos sobre si este crecimiento representa un aumento de la violencia contra la infancia, Rubén Fernando Hernández Mejía, jefe de Departamento de Protección y Asistencia Jurídica de la Procuraduría para la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, explicó que las cifras reflejan principalmente una mayor capacidad institucional para detectar y atender vulneraciones que anteriormente podían no ser identificadas.

“Es importante distinguirlas”, expuso, al señalar que uno de los retos será clasificar adecuadamente las atenciones para identificar cuáles corresponden a violencia sexual y cuáles a otro tipo de vulneraciones.

Plataforma permitirá activar alertas

De acuerdo con lo explicado durante la conferencia, la plataforma permitirá registrar diferentes tipos de vulneraciones y generar una alerta cuando se detecte una situación relacionada con violencia o abuso sexual.

La intención es que esa información pueda activar de manera inmediata la intervención de las instituciones que integran el sistema de protección de niñas, niños y adolescentes.

El proyecto tendrá una duración de 12 meses, de los cuales actualmente han transcurrido aproximadamente dos. Como parte de su implementación, se contempla una fase piloto en las cabeceras distritales de Calpulalpan y Tlaxco, para posteriormente extender el modelo a los 60 municipios de Tlaxcala.

El presupuesto destinado al proyecto asciende a 100 mil dólares, recursos que serán distribuidos entre las acciones de cooperación de México y Uruguay.

México y Uruguay intercambiarán experiencias

Carlos Acosta Montoya, de la AMEXCID, explicó que el proyecto fue seleccionado dentro de una convocatoria en la que se recibieron más de 100 propuestas, de las cuales fueron aprobados 12 proyectos.

Señaló que la iniciativa permitirá fortalecer las capacidades del personal jurídico, técnico y multidisciplinario mediante capacitación especializada, herramientas digitales e intercambio de buenas prácticas.

Por su parte, Martín Clavijo Moretto, director ejecutivo de la AUCI, destacó que México y Uruguay enfrentan desafíos similares en materia de protección de la infancia y adolescencia.

Explicó que el proyecto contempla tres componentes principales: el desarrollo de una plataforma digital para mejorar el registro y seguimiento de casos; el fortalecimiento de la capacitación de los equipos técnicos, y la sistematización de experiencias y buenas prácticas para que puedan ser replicadas.

También señaló que el intercambio permitirá incorporar un enfoque de género, debido a la particular afectación que enfrentan niñas y adolescentes ante distintas formas de violencia.

En la presentación también participaron representantes del Fondo Conjunto de Cooperación México-Uruguay, entre ellos Rubens Medinavelli, responsable financiero, así como Cecilia Gufinicadoso, responsable del Fondo Conjunto México-Uruguay; Wendy Estefanía Saavedra Ramírez, jefa del Departamento de Cooperación Sur-Sur y Triangular, y Ana Laura Ayala Uribe, directora de Cooperación Sur y Alianzas del Pacífico.

Coordinación con Fiscalía, Poder Judicial y Salud

Durante la ronda de preguntas también se abordó la necesidad de fortalecer la coordinación con la Fiscalía, el Poder Judicial y el sector salud para atender posibles casos de violencia sexual.

Las autoridades señalaron que Tlaxcala cuenta con rutas de atención que involucran a distintas instituciones, particularmente cuando se detectan embarazos en niñas y adolescentes menores de 15 años.

En estos casos, explicaron, se busca determinar las circunstancias en las que ocurrió el embarazo y activar la intervención de las instituciones correspondientes para garantizar la protección y restitución de los derechos de la menor.

También se abordó el riesgo relacionado con el uso de redes sociales y la posibilidad de que determinadas conductas constituyan delitos sexuales contra menores de edad.

Ante ello, las autoridades señalaron que la prevención deberá involucrar tanto a las instituciones como a madres, padres y tutores, además de incorporar acciones de orientación en escuelas y programas dirigidos a las familias.

López Hinojosa sostuvo que el objetivo no es únicamente atender los casos una vez que ocurren, sino fortalecer las acciones preventivas y contar con herramientas que permitan detectar oportunamente posibles vulneraciones.

La cooperación entre Tlaxcala y Uruguay busca que los resultados permanezcan en las instituciones después de concluir los 12 meses del proyecto, mediante protocolos, capacitación, herramientas tecnológicas y procesos de atención que puedan mantenerse y replicarse en los municipios del estado.