Aunque obtuvo la calificación mínima a su Cuenta Pública, la morenista votó en contra de su aprobación

Por Selene Sosa

La Representante del Distrito XV, María Ana Bertha Mastranzo Corona, arremetió en contra de la administración municipal de San Pablo del Monte que encabeza la electa del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Ana Lucía Arce Luna, y votó en contra de la aprobación de su Cuenta Pública correspondiente al Ejercicio Fiscal 2025.

La Diputada del Grupo Parlamentario de Movimiento Regeneración Nacional (MORENA), puntualizó que el Ayuntamiento de San Pablo del Monte, de acuerdo con el Informe Individual emitido por el Órgano de Fiscalización Superior (OFS), incurrió en severas irregularidades en el manejo de los recursos público.

De acuerdo con el análisis, desde que ejercer el cargo, es decir desde el 31 de agosto de 2024, la del Verde Ecologista ha tenido observaciones por ocho millones 964 mil 699.20 pesos correspondientes a cuatro millones 668 mil 108.53 pesos del último cuatrimestre de 2024 y cuatro millones 296 mil 590.67 pesos del año fiscal 2025.

Asimismo, la morenista enfatizó que el OFS que conduce Arturo Lucio Salas Miguela detectó 108 irregularidades en el Ejercicio Fiscal 2025, de las cuales 44 fueron solventadas lo que, dijo, se traduce en que 6 de cada 10 acciones quedaron pendientes.

“Esa conclusión necesitaba una explicación reforzada, pues no basta afirmar que se realizó un estudio integral, era necesario explicar cómo puede considerarse adecuado un sistema de control que dejó sin atender el 59.26 por ciento de las acciones emitidas y que presentó deficiencias en ingresos, bienes, contrataciones, seguridad, agua potable, alumbrado y residuos”, reclamó.

De la misma manera, Mastranzo Corona recorrió las observaciones realizadas por el Órgano de Fiscalización y puntualizó que su voto en contra, pese a que la Cuenta Pública de San Pablo del Monte alcanzó los 70.5 puntos, apenas suficientes para su aprobación, no se debía a una “opinión política”.

“Votar en contra no significa declarar culpable a alguna persona servidora pública, significa exigir que la cuenta pública sea calificada adecuadamente para recuperar la confianza ciudadana”, resaltó. No obstante, el dictamen de la Comisión de Finanzas y Fiscalización de la LXV Legislatura fue avalado por mayoría de votos.