Organizaciones como Artículo 19 denuncian que la falta de reglas claras permite al gobierno federal asignar de manera discrecional y concentrada el gasto en comunicación social, beneficiando históricamente a Televisa, La Jornada y Medios Masivos Mexicanos

Fuente: PROCESO

Poder Legislativo. Desacato a la Suprema Corte por Ley de Comunicación Social

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).– El Congreso de la Unión ha incumplido desde hace cinco años una orden de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para que legisle la Ley General de Comunicación Social, lo que ha permitido al oficialismo realizar asignaciones discrecionales de publicidad, tal como lo hicieron los gobiernos del PRI y PAN.

Sin embargo, integrantes oficialistas de la actual Legislatura afirman que no se trata de un desacato, sino de una simple omisión legislativa y prevén que cumplan con la orden de la SCJN hasta el próximo periodo ordinario de sesiones.

A su vez, la actual Corte –que en su mayoría está integrada por ministros afines al oficialismo– no ha hecho nada que obligue al Congreso para que subsane las deficiencias de la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 11 de mayo de 2018, pese a que tres años después, en 2021, resolvió en favor de un amparo promovido por Artículo 19, asociación civil que impulsa la libertad de expresión.

El 13 de enero último la SCJN pospuso la discusión de la Ley General de Comunicación Social, proyecto propuesto por la ministra Loretta Ortiz Ahlf en el que buscaba declarar una “omisión legislativa relativa” para ordenar de nuevo al Congreso retomar la reforma y corregir las deficiencias legislativas.

Peregrinar para una ley

La Ley de Comunicación Social nació desde que la SCJN falló en favor de Artículo 19, luego de que aceptó un amparo por omisión legislativa absoluta; es decir, no existía la ley, por lo que ordenó al Congreso emitir una que definiera los lineamientos para controlar el gasto del gobierno federal en publicidad oficial.

En noviembre de 2017 la Corte aprobó el proyecto que presentó el entonces ministro Arturo Zaldívar (hoy coordinador general de Política y Gobierno en la actual administración de la presidenta Claudia Sheinbaum).

La sentencia en favor de Artículo 19 establece que el Congreso estaba obligado a expedir una ley reglamentaria del párrafo octavo del artículo 134 de la Constitución, para fijar la regulación del gasto en comunicación social.

Sin embargo, fue hasta 2018, meses antes de que terminara el sexenio de Enrique Peña Nieto, cuando el Congreso creó la Ley General de Comunicación Social, que entró en vigor el 11 de mayo del mismo año. En ese momento la ley fue conocida como “Ley Chayote”.

Desde un inicio la Ley General de Comunicación Social mostraba inconsistencias en procedimientos concretos y reglas específicas, por lo que un mes después de su aprobación la SCJN admitió tres acciones de inconstitucionalidad promovidas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), el partido Movimiento Ciudadano (MC) y senadores.

Artículo 19 volvió a impugnar la Ley de Comunicación Social porque esa legislación no cambiaba sustancialmente el “estado de cosas inconstitucional” que declaró la Primera Sala de la SCJN en 2017.

Además de que incumplía con los más altos estándares en libertad de expresión, acceso a la información y publicidad oficial, tampoco contenía elementos básicos para la regulación de la publicidad oficial, ni consideraba a los concesionarios de uso social comunitario y a los de uso social indígena.

El amparo fue admitido por el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá y el 8 de septiembre de 2021 la Primera Sala de la SCJN ordenó al Congreso que, por “omisiones legislativas relativas”, volviera a trabajar la Ley de Comunicación Social.

La promesa

Proceso consultó a los presidentes de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Congreso, quienes detallaron que la subsanación a la Ley de Comunicación Social se realizará en el próximo periodo ordinario de sesiones.

El presidente de la Jucopo en el Senado, Ignacio Mier, quien en 2021 fungía como diputado de Morena en San Lázaro e incluso también fue presidente de la Junta de Coordinación Política, asegura que la Ley de Comunicación Social no se reformó tras la sentencia de 2021 porque en ese entonces era cuando “la Corte legislaba”.

El senador morenista dice que la Ley de Comunicación Social se legislará en el próximo periodo ordinario y que la Cámara de Diputados será la cámara de origen.

El presidente de la Jucopo en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, aclara que el Congreso no cometió desacato a la Corte, sino que incurrió en la figura jurídica de omisión legislativa.

Además, el diputado morenista, quien en 2021 era senador y también fungió como presidente de la Jucopo, explicó que “en ese caso, cuando se invalida una norma legislativa, una norma jurídica de una ley reglamentaria, la Corte hace recomendaciones de invalidez de la norma y el Congreso tiene la obligación de acordarla, acotarla, enmendarla o corregirla.

“Estamos en eso, no se ha hecho porque ha habido bastante trabajo, pero seguramente se hará en el periodo ordinario de sesiones próximo. Yo creo que será el próximo periodo de sesiones; el 1 de septiembre tenemos que sacar ese y otros temas”, asegura.

El golpe para los medios de comunicación

La oficial del programa de ecosistema informativo y tecnología de Artículo 19, Martha Tudón, explica que la Ley de Comunicación Social tiene que subsanarse de fondo para que establezca los mecanismos de publicidad oficial para los medios.

El hecho de que no se haya resuelto, dice, beneficia únicamente a los partidos que están en el poder, porque pueden utilizar la publicidad oficial como un medio de control sobre los medios de comunicación.