Habitantes denuncian falta de consulta y enfrentamientos durante el inicio de obras en campos deportivos.

Por Stephany Rodríguez

Habitantes de las comunidades de Guadalupe Ixcotla y Santa Cruz Guadalupe denunciaron presuntas irregularidades en el proceso de consulta relacionado con un proyecto de intervención en la unidad deportiva de Guadalupe Ixcotla, así como el uso de la fuerza por parte de elementos de la Policía Estatal durante un operativo realizado el pasado 5 de julio.

De acuerdo con representantes comunitarios, el origen del conflicto se encuentra en el procedimiento de consulta efectuado para presentar el proyecto, el cual, sostienen, no cumplió con los principios de consulta previa, libre, informada, culturalmente adecuada y de buena fe establecidos en la Constitución y en instrumentos internacionales sobre derechos de los pueblos indígenas.

Los inconformes señalaron que durante dicho ejercicio participaron personas ajenas a ambas comunidades, así como trabajadores municipales y elementos de seguridad, situación que, afirman, comprometió la legitimidad de los resultados obtenidos. Asimismo, indicaron que las decisiones que impactan a la comunidad deben ser tomadas mediante asambleas comunitarias integradas exclusivamente por habitantes de la localidad.

Según los testimonios recabados, alrededor de las 8:00 horas del 5 de julio arribó a la unidad deportiva un contingente de aproximadamente 250 elementos de la Policía Estatal y grupos antimotines para resguardar el ingreso de maquinaria pesada destinada al inicio de los trabajos.

Habitantes del lugar se concentraron en los campos deportivos para solicitar información sobre la obra y la documentación que acreditara legalmente su ejecución. Los manifestantes aseguraron que en ese momento no les fue presentada la información solicitada.

Posteriormente, una retroexcavadora ingresó al campo deportivo número dos e inició labores de excavación. De acuerdo con los pobladores, durante el desarrollo del operativo se registraron diversos incidentes entre elementos policiales y habitantes que intentaban impedir el avance de los trabajos.

Los representantes comunitarios reportaron que, conforme avanzó el operativo, arribaron nuevos contingentes de seguridad por distintos accesos de la comunidad, incluidos puntos cercanos a la barranca colindante con la unidad deportiva. Según las denuncias, durante estos acontecimientos se registraron empujones, golpes y acciones de dispersión contra los asistentes.

Uno de los momentos más tensos ocurrió con la detención del presidente de comunidad, Mariano Pinilla Romano, quien, según los testimonios, fue encapsulado por elementos de seguridad y posteriormente detenido junto con otro ciudadano. Habitantes reportaron además personas lesionadas que requirieron atención médica.

Finalmente, el campo deportivo fue desalojado y la maquinaria retirada temporalmente del lugar. Sin embargo, los inconformes señalaron que el 6 de julio la maquinaria regresó acompañada de equipo adicional para continuar con trabajos de nivelación.

Las comunidades también expresaron preocupación por los posibles impactos ambientales del proyecto, al señalar que la obra se desarrollaría en una zona de barranca. Aseguraron que hasta el momento no se les han presentado estudios especializados de impacto ambiental, análisis de suelo o agua, ni una maqueta formal del proyecto.

Durante una conferencia con medios de comunicación, integrantes del Comité de Defensa de los Campos Deportivos insistieron en que no se oponen al desarrollo de obras públicas, siempre y cuando exista información clara, consulta efectiva y acuerdos con la población.

“No estamos en contra de que se hagan obras para beneficio de la comunidad; la molestia es que nunca hemos sido consultados adecuadamente ni se nos ha explicado el proyecto”, expresaron representantes comunitarios.

Asimismo, hicieron un llamado a las autoridades municipales, estatales y federales para privilegiar el diálogo y garantizar el respeto a los derechos de los pueblos originarios. También anunciaron que analizarán las vías legales correspondientes para impugnar las decisiones relacionadas con la obra y la consulta realizada.

Los habitantes reiteraron que los campos deportivos representan uno de los pocos espacios de recreación y convivencia existentes en la zona, por lo que demandaron transparencia sobre el proyecto y la acreditación legal de los terrenos donde se pretende desarrollar la intervención.