El gobernador Ricardo Gallardo atribuyó a inteligencia artificial unos videos que lo ligaban con el crimen organizado. El Congreso estatal aprobó entonces una ley que penaliza el «uso indebido de IA». Organismos de derechos humanos denuncian que esa medida se usa para perseguir a periodistas.

Fuente: PROCESO

SAN LUIS POTOSÍ, SLP (Proceso).– A mediados de octubre de 2025 en algunos medios de comunicación y cuentas de redes sociales se publicaron y difundieron dos videos en los que personas armadas que se identificaron como integrantes de grupos criminales señalaron al gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, y a otros funcionarios de su gobierno de sostener nexos y acuerdos con el crimen organizado.

El mandatario potosino no sólo negó dichas afirmaciones, sino que, durante una entrevista con medios de comunicación locales, aseguró que ambos materiales fueron elaborados con inteligencia artificial, y adelantó que ya había presentado denuncias ante las fiscalías General de la República y General del Estado.

“Sabemos (…) quiénes son, quiénes los están distribuyendo, quiénes los están pautando porque también tienen nombre y apellido”, aseguró el mandatario. “Vamos a llegar hasta las últimas consecuencias y vamos a castigar a las personas, tanto que lo distribuyen, como a los que lo financian, como los que lo hacen”, amenazó el gobernador.

Gallardo Cardona, además, hizo un llamado público para el Congreso local; dijo que “sería un buen marco para que los diputados se pongan a legislar ya algo en el tema de la inteligencia artificial”.

Para el 4 de noviembre, menos de un mes después de los hechos, el diputado del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Héctor Serrano Cortés, presentó una iniciativa de reforma al Código Penal local para sancionar el «uso indebido de inteligencia artificial para provocar alarma social» hasta con seis años de cárcel.

Diez días más tarde, el 14 de noviembre, el Congreso de San Luis Potosí aprobó la reforma con 18 votos en favor de legisladores de Morena, PVEM, Nueva Alianza y el Partido del Trabajo; otros cuatro se abstuvieron y cinco votaron en contra.

Pedro Cárdenas, oficial del programa de Protección y Espacio Cívico de Artículo 19, recuerda que dicha organización advirtió en su momento sobre los retrocesos y riesgos que la reforma representaba en materia de libertad de expresión, un derecho que, puntualiza, no es exclusivo de quienes ejercen la labor periodística, aunque esta sí suele ser la más afectada con esa clase de embestidas.

En un comunicado, Artículo 19 advirtió que la ahora apodada “Ley Serrano” abría la puerta a “la criminalización de actividades legítimas y cotidianas en una sociedad digital, como la edición de contenidos, la creación y libertad artística, la crítica política y el uso de herramientas de inteligencia artificial para distintos fines”.

Criticaron que el Congreso potosino recurriera “en primer lugar a la penalización sin valorar mecanismos no punitivos”, algo que consideran que “responde a una tendencia ascendente para sancionar conductas relacionadas con la libertad de expresión”, en México.

Ese pronóstico se materializó el 21 de mayo de 2026, cuando dos mujeres que se dedican, entre otras actividades, a la difusión de contenidos noticiosos en redes sociales fueron detenidas en San Luis Potosí, presuntamente acusadas por la comisión de un “delito contra la identidad de las personas”, de acuerdo con un confuso comunicado de la Fiscalía General del Estado.

Según la Fiscalía, tanto Eréndira Reyes Aguillón como Alejandra Hermosillo Reyes —a quienes de forma inusual omite nombrar en el documento, pero cuyos nombres se conocieron por diversos posicionamientos públicos a raíz del caso—, “presuntamente utilizaron de manera deliberada estructuras visuales, narrativas y gráficas de la víctima, encaminadas a generar una percepción de autenticidad y veracidad frente al público, realizando una posible manipulación ilícita de imagen e identidad digital al emplear, sin autorización, la representación visual e identidad pública del pasivo del delito, para construir contenidos simulados con apariencia de autenticidad”.

La dependencia no detalla cuál es el material por el que se interpuso la denuncia (ni quién la interpuso, hasta el momento), pero otras personas presuntamente involucradas en la misma investigación, así como fragmentos de un expediente que han circulado entre el gremio, sugieren que podría tratarse de uno de los videos difundidos en octubre, por los que el gobernador Ricardo Gallardo dijo haber interpuesto querellas y exigió regular el uso de inteligencia artificial.