Columna Invitada

Si se observan con detenimiento los acontecimientos de las últimas semanas, el problema ya no radica únicamente en las 95 bardas y tres espectaculares que el Instituto Tlaxcalteca de Elecciones ordenó retirar al alcalde capitalino, Alfonso Sánchez García. El verdadero problema es lo que este episodio revela sobre el comportamiento de las autoridades electorales y de los actores partidistas involucrados.

La resolución aprobada el miércoles deja una pregunta abierta: ¿por qué el ITE no actuó así desde el principio?

El Tribunal Electoral de Tlaxcala terminó revocando la negativa inicial del Instituto para dictar medidas cautelares y obligó a que el asunto fuera revisado nuevamente. Horas después, el Consejo General determinó que sí existían elementos para ordenar el retiro de la propaganda.

Eso coloca particularmente al presidente del ITE, Emmanuel Ávila González, en una posición incómoda, por decir lo menos. Si los elementos jurídicos para actuar existían, como finalmente se reconoció, entonces la primera decisión resulta difícil de justificar. Y si no existían, habría que explicar qué cambió en tan poco tiempo para pasar de negar las medidas cautelares a ordenar el retiro masivo de propaganda.

La consecuencia política es evidente: durante semanas o meses, las bardas cumplieron su propósito. Miles de ciudadanos observaron diariamente el nombre, la imagen y el posicionamiento político del presidente municipal de Tlaxcala. Cuando finalmente llegó la orden de retiro, el beneficio político ya se había materializado en buena medida.

Por ello, resulta inevitable que surjan suspicacias. Una resolución tardía puede terminar produciendo efectos similares a una resolución favorable. Desde esa perspectiva, algunos observadores podrían concluir que el presidente del ITE y los consejeros que respaldaron inicialmente la negativa permitieron que el reloj avanzara mientras la promoción política seguía generando rendimientos.

Es un hecho que la actuación institucional terminó generando una percepción de parcialidad. Es decir, un árbitro no solamente debe ser imparcial, sino que debe parecerlo.

Más aún cuando Tlaxcala comienza a transitar, de manera anticipada, hacia la disputa política de 2027.

La lección para el ITE es delicada. Cada resolución que parezca proteger a un actor político en lugar de proteger la equidad de la contienda erosiona la confianza ciudadana. Y cuando la confianza en el árbitro disminuye, todo el sistema electoral se debilita.

Pero la responsabilidad no recae únicamente en la autoridad electoral.

También queda expuesta la dirigencia estatal de Morena, encabezada por Marcela González Castillo.

Si Morena sostiene públicamente que rechaza los actos anticipados de campaña y que privilegia la legalidad electoral, entonces la reacción debió producirse desde el primer momento. La dirigencia partidista tenía la posibilidad de enviar una señal clara hacia sus militantes y cuadros políticos: nadie está por encima de las reglas internas ni de la legislación electoral.

Sin embargo, esa intervención nunca llegó.

La ausencia de una posición firme permitió que el fenómeno creciera hasta convertirse en un litigio electoral que ahora tiene dimensiones mediáticas. Lo que pudo resolverse mediante disciplina partidista terminó resolviéndose mediante una orden de la autoridad electoral.

Y eso también tiene costos.

En el fondo, este caso refleja uno de los grandes desafíos que enfrenta Morena rumbo a 2027: administrar las legítimas aspiraciones de sus cuadros sin permitir que la competencia interna se convierta en una carrera adelantada y desigual.

La pregunta de fondo ya no es si Alfonso Sánchez deberá retirar las bardas. Eso está resuelto. La pregunta verdaderamente relevante es por qué las instituciones y los órganos partidistas permitieron que la situación llegara tan lejos.

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