Expertas en Derecho prevén que México será condenado por haber destituido a miles de juzgadores y sustituirlos con jueces cercanos a Morena; la reforma constituye en realidad un mecanismo de politización y captura de la judicatura, aseguran.

Fuente: PROCESO

El cúmulo de irregularidades registradas durante la elección de jueces el 1 de junio último refuerza los casos contra el Estado mexicano que promueven jueces en ejercicio y colectivos de derechos humanos ante organismos internacionales por las normas que transgrede la reforma judicial, dicen a Proceso expertas en el área de justicia.

La profesora del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO), Azul Aguiar, señala que la reforma lopezobradorista “definitivamente viola normas específicas de tratados internacionales y convenciones de las que México es parte, entre ellas la Convención Interamericana de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles”.

Esos instrumentos, señala la autora de “Los tribunales y la erosión judicial de la democracia en América Latina», hablan de una justicia independiente y de garantías de independencia a jueces.

Y para Aguiar, lo que ocurrió en las elecciones judiciales de hace dos semanas fue la captura del Poder Judicial por parte del oficialista partido Morena, lo que acaba con la división de poderes en México.

La doctora en Ciencias políticas prevé que el Estado mexicano será condenado en diferentes instancias internacionales por haber destituido de manera masiva a miles de personas juzgadoras para dar paso a los candidatos a jueces elegidos el 1 de junio, todos ellos cercanos a Morena.

“El problema es que esta condena será como en 10 años –dice–, y en ese momento, dependiendo del gobierno que tengamos, veremos si acata la sentencia”.

La abogada peruana Úrsula Indacochea, quien asistió como observadora a la elección judicial en su calidad de directora del Programa de Independencia Judicial de la Fundación para el Debido Proceso, señala que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y otros organismos internacionales “tienen hoy más argumentos” para seguir investigando el caso mexicano.

México, sostiene la maestra en Derecho constitucional, deberá rendir cuentas de la reforma judicial ante instituciones como el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), con sede en Ginebra; la Comisión de Venecia –organismo europeo que promueve el constitucionalismo y el Estado de derecho– y, eventualmente, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH).

También, en la Relatoría Especial de la ONU sobre la Independencia de los Magistrados y Abogados, cuya titular, Margaret Satterthwaite, ha señalado incluso que aunque la corrupción judicial ya existe en México, la elección de jueces puede causar que la justicia sea “más fácilmente infiltrada por el crimen organizado que otros métodos de selección judicial”.

Desdén por las recomendaciones

Úrsula Indacochea explica que aunque los procesos ante organismos internacionales pueden llevar mucho tiempo, los fallos que produzcan instancias como la Corte Interamericana de Derechos Humanos estarán lejos de ser simbólicos.

Esto, porque una condena de ese tribunal con sede en Costa Rica probablemente estipule altas indemnizaciones monetarias para los más de siete mil jueces que serán cesados y reemplazados por los juzgadores elegidos el pasado 1 de junio y en los comicios de 2027.

“Además de las indemnizaciones que ya les deben y que no les van a poder pagar porque el dinero de los fideicomisos ya se lo pasaron a Hacienda, el Estado mexicano tendrá que pagarles las indemnizaciones de todos los años que no van a poder ejercer su carrera o que están a punto de jubilarse y no lo podrán hacer por los despidos”, indica.

Dice que la Corte Interamericana de Derechos Humanos también puede ordenar a México “cambiar algunas cosas de su marco normativo interno” relacionadas con la reforma judicial.

Aunque de acuerdo con Indacochea, “ahora México no hace mucho caso de las sentencias de la Corte tampoco; ya le mandaron a reformar la ley de la prisión preventiva oficiosa y el Estado mexicano no lo ha hecho”.

Azul Aguiar considera que el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum ha dado muestras de su desdén a recomendaciones y señalamientos de organismos multilaterales.

Como ejemplo señala que la presidenta ya descalificó, de entrada, el informe preliminar de la misión de observación de la Organización de Estados Americanos (OEA) en los comicios judiciales, que recomienda que ese modelo de selección de jueces por el voto popular “no se replique para otros países de la región”.

De acuerdo con la misión, encabezada por el político izquierdista chileno Heraldo Muñoz, los mexicanos deben evaluar si esa forma de elegir jueces, que no tiene precedentes en el mundo, contribuye a fortalecer los principios fundamentales de la justicia “o si, por el contrario, acaba debilitando la transparencia, imparcialidad, eficacia e independencia del Poder Judicial”.

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