Cortesía Fabián Robles/Faronoticias

Además de lavarse las manos y repartir culpas por el retraso en la aprobación de candidaturas a cargos públicos locales, el presidente del Consejo General del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones (ITE), Emmanuel Ávila González, negó “rotundamente” sesgo alguno en esta parte del proceso para afectar a partidos políticos de oposición y, en su caso, beneficiar a Morena y sus aliados para que fueran los primeros en iniciar campañas.

“Esta institución niega, insisto, sesgo hacia algún partido político. Ellos mismos, insisto, han sido testigos de la labor institucional, pero desde la narrativa exterior alguien debe ser el responsable y normalmente siempre es la institución, (pero) no hay dilación en la aprobación de estas postulaciones para beneficiar o para perjudicar a alguien, eso lo queremos dejar muy, muy en claro”, atajó.

Al término de las sesiones especiales convocadas este lunes para abordar la procedencia de candidaturas a presidencias de comunidad -que, por cierto, solo fueron avaladas las del PVEM-, Ávila González salió al paso de las críticas contra el organismo.

Rechazó las versiones “que se han deslizado en diferentes columnas y diferentes comentarios de actores políticos” sobre el tema; incluso, en defensa del trabajo del ITE refirió que en la aprobación de registros de candidaturas a diputaciones “el primer partido político que fue aprobado de manera inicial y por haber presentado una postulación de manera prolija fue Movimiento Ciudadano, situación que pasó desapercibida”.

En el caso de ayuntamientos, refirió que el primer partido que cumplió y se le dio la aprobación fue a Alianza Ciudadana (PAC), aunque en ese mismo paquete también obtuvo la autorización Morena, lo que generó muchas suspicacias entre el resto de las fuerzas políticas participantes en este proceso electoral.

El presidente del ITE recordó que, de acuerdo con el calendario electoral aprobado en sesión pública en octubre del año pasado, las dirigencias de los partidos políticos tuvieron 17 días -del 5 al 21 de abril de este año- para presentar sus postulaciones, “mientras que este instituto, de acuerdo con la propia ley, tiene únicamente ocho días para revisarlas y determinar su procedencia; lo deseable es que los partidos políticos presentaran su solicitud a tiempo”.

Insistió en que, si las dirigencias partidistas no hubieran esperado hasta el último día para hacer sus registros, “habría dado como resultado que los requerimientos se subsanaran también a tiempo, atendiendo a su derecho de audiencia, en lugar de encontrarnos en el actual escenario donde han sido requeridos de manera reiterada para subsanar sus inconsistencias, incluso ya en esta etapa de campaña en la que ya nos encontramos”.

Emmanuel Ávila pidió a sus críticos “tener un poco de memoria” y recordar que, “lamentablemente, este escenario no es nuevo, ya que se ha presentado en otros procesos, y el Instituto Tlaxcalteca de Elecciones ha solicitado hasta en tres ocasiones, a diversas legislaturas, que reformen la ley para garantizar la fluidez de las distintas etapas del proceso electoral”, sin embargo, dijo, no han sido escuchados.

El presidente del Consejo General del ITE aprovechó la coyuntura para hacer un llamado a quienes lleguen a integrar la próxima legislatura para que “atiendan de manera urgente una reforma electoral que modifique los plazos (del proceso electoral), lo cual redundará en su propio beneficio”.

Insistió que, pese a la complejidad de esta tarea, la autoridad electoral “ha cumplido con su responsabilidad”, lo cual le consta a los partidos políticos que “han sido testigos del trabajo institucional, y si nosotros hemos pasado aquí horas y días enteros realizando la revisión, la valoración, los requerimientos y las resoluciones, ellos mismos han estado aquí casi esas mismas horas tratando de subsanar”.

“SE TRIPLICÓ EL TRABAJO”: JUAN CARLOS MINOR

El consejero Juan Carlos Minor Márquez consideró que, si los dirigentes no hubieran esperado hasta el último día del plazo para el registro de candidaturas, y si hubieran cumplido desde un principio con las acciones afirmativas y con la paridad de género en sus postulaciones, “solamente habría habido11 resoluciones” (una por partido) para diputaciones, ayuntamientos y presidencias de comunidad, y todos hubieran iniciado campaña al mismo tiempo.

Sin embargo, apuntó, “el trabajo se ha triplicado porque si incumplen en una primera ocasión se da un requerimiento de 48 horas; si vuelven a incumplir se tiene que hacer una nueva resolución en la que se les dan 24 horas y nuevamente se tiene que pronunciar este Consejo General, lo que ha implicado cargas de trabajo sobrehumanas”.

Subrayó que “ha habido una inconformidad descontextualizada de algunos actores políticos que quiero pensar desconocen el tema, (y) no quiero pensar que lo hacen con dolo”.

Minor Márquez consideró que, si bien no es la primera ocasión que esto sucede, hay factores que provocan esta situación: la negativa para reformar la ley en la materia respecto de los plazos y para incluir el uso de tecnologías, e incluso para que se reduzcan los requisitos de elegibilidad.

Ejemplificó que, en Hidalgo, Quintana Roo y San Luis Potosí, “los plazos para resolver (los registros de candidaturas) van de 14 a 35 días y en el caso del estado de Tlaxcala tenemos ocho días”.

El consejero electoral refirió que “no solo es responsabilidad de los partidos políticos porque la misma norma les genera complicaciones (…) los tiempos sí nos dan, pero lo que hace falta es modificar la legislación. Es un problema si continúa así la ley y finalmente resolveríamos previo al inicio de campañas si los partidos políticos cumplieran, pero ante el incumplimiento tenemos que hacer requerimientos y esto es lo que provoca el estado en el que estamos”.