Por Edgardo Cabrera

Lo dijimos desde que se anunció, detrás del mundial de voleibol de playa había un negocio escondido, no solo eso, una serie de incongruencias como aquella de traer un deporte de estas características a un lugar donde no hay playa. El asunto es simple, sin la infraestructura básica, empezando por canchas y la arena de mar, cuánto implicaría de gasto adicional a los organizadores, ¿a quién se le ocurriría tremenda incongruencia?, claro, a la Triste Historia y a la socia Ana Gabriela Guevara.

Una vez más el tiempo y los hechos nos dan la razón, fue un evento que fracasó a lo grande, no hubo la prometida derrama económica, tampoco la súper audiencia mediática, siquiera gente en las canchas, el boletaje lo terminó regalando el gobierno estatal y debieron llenar con estudiantes obligados a acudir y sacados de clases para cumplir con la encomienda.

No solo fue aquello, por cierto, despilfarraron más dinero para contratar una empresa que brindara cifras a modo y maquinadas para cuadrar gasto, inversión y hasta impacto social. Ahora sabemos que la Auditoría Superior de la Federación investiga graves anomalías en la aplicación de 81.4 millones de pesos para el Campeonato Mundial de Voleibol de playa Tlaxcala 2023.

También la Fiscalía General de la República abrió una carpeta en contra de la empresa Moveo Lab SA de CV, cuyo socio fundador es el tlaxcalteca Gabriel Ramos, quien ha conseguido millonarios contratos con la Conade, entre los que se encuentra, precisamente, el campeonato de voleibol, pero no solo eso, también este personaje encabeza de forma cuestionada la federación de Tiro con Arco, a quien se le destinan recursos públicos para la selección de los participantes de la selección mexicana en esta rama deportiva en torneos internacionales y Juegos Olímpicos.

Por cierto, esta disciplina deportiva forma parte de los supuestos mega eventos que llegaron a la entidad de la mano con la mandamás, ahora sabemos la razón, pero sobre todo la sospecha que tienen dos instancias federales, de presuntos actos de corrupción que ahora apuntan a Tlaxcala y de lo cual tendrá que rendir cuentas la comandanta en jefa y su aliada, socia y cómplice.  

TRIANGULACIÓN 

De acuerdo con la información difundida el miércoles por el diario nacional Excélsior, las autoridades indagan la triangulación de recursos para la realización de diversos eventos deportivos entre la Conade, la empresa Moveo Lab y la federación de Tiro con Arco que encabeza Gabriel Ramos.

La misma información da cuenta que además del Mundial de Voleibol de Playa realizado en Tlaxcala, la Comisión Nacional del Deporte contrató de forma recurrente a la empresa Moveo Lab a la cual se le destina recursos directamente a través de transferencias bancarias para llevar a cabo los eventos deportivos, que, hasta el momento, no tienen comprobación en los gastos o en su defecto son presupuestos inflados, lo cual advirtió la Auditoría Superior de la Federación.

Estamos así, ante el mayor escándalo de corrupción en el que sale implicada la entidad y el gobierno estatal al ser copartícipes en la organización, realización y planeación, pero el caso aún escalará considerando que, como parte del negocio, en junio de este año se tiene programado el Campeonato de la Zona de Norte, Centroamérica y el Caribe de Voleibol de Playa.   

JUICIO POR TRAICIÓN

Lo que se antojaba un asunto interés público y periodístico se convirtió en chisme de lavadero, sería la venganza de quien, ahora sabemos, traía observaciones por su mal desempeño como servidor público por lo que en 2021 dejó el cargo por su bajo rendimiento, falta de disciplina y ofrecer un mal servicio a la ciudadanía.

Resulta que la solicitud de juicio político en contra de Magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa es, en verdad, una historia de venganza, por lo que la comisión especial de diputados que analizará la situación jurídica de María Isabel Pérez y Marcos Tecuapacho concluirá su improcedencia al conocer el fondo y las motivaciones reales. 

Tan es así, que la defensa documenta actos de altanería del promovente, poco conocimiento en materia administrativa y conductas como aquella de priorizar el uso del celular y la chorcha, en lugar de cumplir para lo que le pagaban, ahora, por cierto, también quiere ser magistrado.