El interesado dice que no se trata de una revancha contra sus ex jefes

Por Selene Sosa

El ex trabajador Daniel Morales Díaz, quien ahora se acreditó como responsable de una barra de abogados en Apizaco, fue quien presentó la solicitud de Juicio Político en contra de tres magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa (TJA), negando que tenga ‘un interés personal’, sin embargo, se sabe que pudiera aspirar a ser nombrado magistrado.

En conferencia de prensa este jueves, el promovente señaló que ‘lo relevante’ del caso es que los tres acusados realizaron, probablemente, un acto de corrupción, específicamente de desvío de recursos, teniendo a su cargo un ente creado a fin de atender temas ‘anticorrupción’.

Aunque en la Vigésima Octava Sesión Ordinaria del Congreso del Estado de Tlaxcala se dio a conocer la solicitud de Juicio Político en contra de los tres magistrados y se conformó inmediatamente la Comisión Especial para atenderla, no fueron expuestos los motivos.

Por ello, el interesado y ex trabajador, difundió este jueves la razón, la cual radica en la compra de un predio para la edificación de la sede del TJA, por un costo de más de 6 millones de pesos (MDP), mientras que, según una casa valuadora, el costo del patrimonio es de poco más de 4 MDP.

‘Son alrededor de 2.3 millones de pesos los que no se justificaron’, apuntó Morales Díaz, quien se dijo confiado en que el Poder Legislativo Estatal haga su trabajo y lleve a cabo el Juicio Político, puesto que, está en juego la ratificación al cargo de dos de los tres magistrados implicados.

Es preciso mencionar que, en 2021, el abogado fue señalado de tener un mal desempeño cuando era miembro del TJA, por lo que, cuestionado al respecto por los medios de comunicación, se limitó a responder que desconocía el asunto y que, de tener sustento, se deberían presentar las pruebas correspondientes.

Asimismo, enfatizó que el Juicio Político en contra de los magistrados es meramente por evidenciar un caso de corrupción, asegurando que es ajeno a un tema personal, ya que, insistió, no tiene interés en ser nombrado magistrado.

Cabe mencionar que, fue en 2020 cuando se realizó la compra del predio por la que se interpuso, recientemente, el Juicio Político en contra de María Isabel Pérez González, Marcos Tecuapacho Domínguez y Elías Cortés Roa.

No obstante, y cuestionado respecto a la tardía de la solicitud del procedimiento en contra de los magistrados, alegó que ello se debió a que, luego de tres años, logró concentrar el total de respuestas a solicitudes de información que dan sustento al Juicio Político.

A colación, es importante mencionar que, la magistrada María Isabel Pérez González y el magistrado Marcos Tecuapacho Domínguez, están concluyendo su periodo en el cargo, puesto que este finaliza el 31 de agosto de este año.

Por último, Daniel Morales aprovechó el uso de la voz para aclarar que las y los integrantes de la LXIV Legislatura cometieron un error al integrar el Expediente Parlamentario del caso ya que, cuando fue presentado el asunto, se dijo que el promovente era Daniel Morales Cruz, por lo que precisó que lo correcto es Daniel Morales Diaz.