Por José Luis Ahuactzin

Un reforma al Código Penal vigente en el estado, impulsada por el gobierno del priista Marco Mena, aumentó la penalización a quien atente contra la vida de un elemento de seguridad pública estatal, municipal o de procuración de justicia, para quedar entre 50 y 70 años de cárcel por homicidio calificado.

Dicha reforma impulsada en el 2018, quedó concretada en agosto de ese mismo año, para señar que ‘ en el caso de que el delito se cometa en términos de la fracción X, del artículo 239… se impondrán de cincuenta a setenta
años de prisión, y multa de dos mil ciento sesenta a cuatro mil seiscientos veinte
Unidades de Medida y Actualización…’.

En tanto que dicha fracción ydel artículo señalado, refiere que ‘cuando dolosamente se cometa en contra de servidores públicos de las instituciones policiales, de procuración y administración de justicia, si se encuentran
en el ejercicio de sus funciones o con motivo de las mismas, siempre que se estén cumpliendo con arreglo a la ley…’.

Adicionalmente, también planteó la creación de un fondo financiero que aplicará para policías estatales y municipales que pierdan la vida, independiente a la responsabilidad de los ayuntamientos hacia sus oficiales.

Dicho fondo, tendrá previsto entregar a las familias de policías fallecidos, un apoyo en una sola exhibición y una beca para cada hijo menor de edad hasta que cumplan 18 años de edad.