En los últimos dos años, el número de funcionarios asignados a las unidades de transparencia de todo el país cayó 20%. Servidores públicos de esas áreas señalan mayores cargas de trabajo y presiones para que no entreguen información que pueda ser negativa para las instituciones donde laboran.

Fuente: ANIMAL POLÍTICO

El personal dedicado a la transparencia disminuyó 20% a nivel nacional, al pasar de 14 mil 837 funcionarios en 2020 a 11 mil 750 en 2022, de acuerdo con datos del Censo Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales Federal del Inegi. A la par, los funcionarios que permanecen en sus puestos han enfrentado un aumento en las cargas de trabajo y asedio por parte de sus superiores por el tipo de información que entregan y que resulte ser “mediática”.

También ha aumentado la negativa de entrega de información a los ciudadanos por parte de las instituciones, pues los recursos de revisión se han incrementado en 16% en los últimos dos años. Es decir, son los actos de reclamo previstos en la Ley de Transparencia, cuando las instituciones o los organismos que reciben recursos públicos —llamados sujetos obligados— no entregan la información a quien la solicitó.

Esto tiene impacto en el Índice de incurrencia, una medición que evalúa el grado de negativas de información, pues compara el porcentaje de recursos de revisión interpuestos por los ciudadanos respecto del total de solicitudes realizadas cada año.

Dicho índice es más alto en la administración de Andrés Manuel López Obrador en comparación con el gobierno de Enrique Peña Nieto. En 2016, el índice de negativas de información fue de 3.9 y concluyó el sexenio en 2018 con 5; en 2019, subió a 6 y la misma cifra se mantuvo para 2022, de acuerdo con el Informe de labores del INAI 2022. 

Esto ocurre en el sexenio en el que, por primera vez en la historia del INAI y de las leyes de transparencia —que entraron en vigor en 2003—, el instituto ha estado en parálisis por 54 días, pues desde el 1 de abril pasado no tiene quorum de al menos cinco comisionados para poder sesionar. Esto, debido a que el Senado no ha hecho tres nombramientos —dos de ellos han estado pendientes durante más de un año— y al veto que hizo el presidente López Obrador de dos personas que habían sido aprobadas por los senadores.

Menos personal, más trabajo, más asedio

‘Francisca’, exfuncionaria de transparencia que pidió no ser identificada con su verdadero nombre por temor a represalias, trabajó en el área de transparencia federal desde el sexenio pasado y asegura que siempre ha habido resistencia a la publicidad de la información, pero en la actual administración ha sido mayor.

Durante la pandemia, por ejemplo, la institución donde laboraba solo les proporcionó una computadora portátil para trabajar a distancia, pese a que eran 15 personas en el área y “aun cuando en ese momento era uno de los sujetos obligados más solicitados”, afirma. Los funcionarios tuvieron que gastar sus propios recursos para comprarse computadoras y trabajar desde casa.

Un ejemplo del asedio, cuenta Francisca, es que “una vez me dijeron que debía tener claro para qué institución trabajaba, y por supuesto, esa institución no era el INAI”, como advertencia para cuidar qué tipo de información entregaba ante las solicitudes recibidas.

“La cuestión es que las unidades de transparencia tienen una función complicada, porque trabajas en una institución en la que te presionan pero no para cumplir la ley, sino para que en los casos delicados parezca que se cumple la ley, pero en realidad se proteja a la institución. Prácticamente debíamos ‘adivinar’ qué información podría tener peso mediático”, relata en entrevista.

Otra funcionaria cuenta que los escándalos mediáticos en el actual sexenio hicieron que sus jefes supervisaran más la información que entregaba la unidad de transparencia, que durante varios meses funcionó solo con ella como única empleada del área.

Esto le significó tener jornadas de 12 horas porque tenía que estar a cargo de todo: responder solicitudes, pedir la información a las áreas correspondientes y publicar las obligaciones de transparencia en la Plataforma Nacional, lo que generaba un cúmulo de pendientes y retrasos en las respuestas a las solicitudes de información. Aunque en la institución contrataron a una o dos personas más, no duraban más de dos meses, explica la funcionaria.

La SEP, una de las dependencias más grandes del país y que todos los días recibe solicitudes de información pública, solo tiene a 10 personas comisionadas a su unidad de transparencia, la mitad de las que tenía en 2018.

“Antes eran 20 personas y fue disminuyendo. A raíz también de la austeridad republicana se fue recortando mucho personal (…) Necesitamos más gente, pero lamentablemente tampoco podemos contratar porque no hay plazas”, dice un funcionario de la dependencia, quien solicitó no publicar su nombre por temor a represalias.

La SEP es la cuarta dependencia entre las instituciones federales con el mayor número de solicitudes de información pública. Entre octubre de 2021 y septiembre de 2022, recibió 6 mil 961 solicitudes de información, de acuerdo con datos del Informe del INAI.

Algunas instituciones reciben una o dos solicitudes al día, por lo que tres o cuatro personas laborando en el área de transparencia resulta lo ideal, pero en la SEP no solo se trata del número de peticiones que reciben, sino que deben gestionar las preguntas entre 40 áreas para obtener las respuestas.

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