UIF pierde en tribunales: le ordenan liberar 80% del dinero bloqueado
23 de enero - 2023

En total, de 2019 a 2022, años completos del gobierno actual, se bloquearon 34 mil 448 millones de pesos, un histórico desde la creación de la UIF.

Fuente: MILENIO

La Unidad de Inteligencia Financiera pierde en los tribunales. Narcotraficantes o vinculados con el crimen organizado, presuntos corruptos, tratantes y traficantes de personas, defraudadores fiscales y acusados de enriquecimiento ilícito, han logrando liberar el 80 por ciento de lo que la autoridad ordena bloquearles, recuperando más de 30 mil 928 millones de pesos de 25 mil 743 cuentas bancarias.

El último informe de la UIF presentado ante el gabinete de seguridad federal, del que MILENIO tiene una copia, indica que, en los últimos nueve años, del 2014 cuando entraron en vigor las disposiciones de sujetos obligados para detectar, frenar y combatir el lavado de dinero, al cierre del 2022, se ordenaron bloqueos que sumaron 38 mil 707 millones 975 mil 536 pesos, sin embargo, sólo han logrado retener siete mil 779 millones 465 mil 527.

En 2014, el primer año de reportes, con Alberto Bazbaz a la cabeza, la UIF no logró retener un solo peso de los más de 423 millones que bloqueó en mil 14 cuentas que les pertenecían a 186 personas. Y el siguiente año, es el segundo periodo con más derrotas de la UIF ante juzgados al haber tenido que liberar el 97.17 por ciento de los 364 millones de pesos bloqueados en tres mil 543 cuentas de 521 personas.

Le sigue el 2020 ya con el actual gobierno, donde a pesar de haber logrado el segundo año con congelamientos históricos con Santiago Nieto al frente, de los 15 mil 650 millones 240 mil 724 pesos bloqueados, tuvieron que liberar más de 14 mil millones de pesos, es decir, el 93.94 por ciento y sólo pudieron retener poco más de 949 millones.

MILENIO publicó el pasado 23 de diciembre, que el nuevo titular de la UIF, Pablo Gómez, reveló que ahora, la unidad incluso asesora a las personas bloqueadas para que aquellas que permanezcan en la Lista de Personas Bloqueadas en el sistema financiero, sean a las que realmente se les compruebe que puede tratarse de dinero ilícito.

Lo que se comprueba con estas estadísticas que ventilan que, mientras en los primeros años de la actual administración se bloquearon las cuentas bancarias de mil 371 personas en 2019, tres mil 643 en 2020 y mil 515 en 2021, el año pasado apenas llegaron a 285. Pero de éstas, sólo han ganado en tribunales el 0.52 por ciento de las cuentas judicializadas.

En dinero, de los 479 millones de pesos congelados, sólo se tuvieron que desbloquear 9.7 millones de pesos, lo que equivale al 2.03 por ciento.

En total, de 2019 a 2022, años completos del gobierno actual, se bloquearon 34 mil 448 millones de pesos, un histórico desde la creación de la UIF, pero en contraste, tuvieron que liberar 27 mil 676 millones de pesos, el 80.34 por ciento. De este total, sólo el 0.04 por ciento, esos 9.7 millones de pesos, corresponden a la gestión de Pablo Gómez.

“Ahora se garantizan los derechos de las personas que son incorporadas a la lista de personas bloqueadas, es un cuento eso de que la UIF bloquea cuentas, bloquea personas, y las cuentas quedan bloqueadas cuando la persona forma parte de la lista, la lista no es más que la incapacidad de poder formar parte, de cualquier manera, en el sistema financiero del país.

“Con la ley, hay seguridad jurídica cuando las personas incorporadas a la lista acuden a la Unidad de Inteligencia Financiera a audiencias, sus derechos son respetados, vamos, la Unidad se pone en principio, del lado de ellos, incluso dándoles más tiempo e indicándoles qué clase de instrumentos deben presentar para aclarar su participación en el sistema financiero del país”, dijo Pablo Gómez en entrevista a finales de año.

Y el informe anual precisa que, de hecho, la mayor parte de las cuentas desbloqueadas, los acusados lo han logrado por garantías de audiencia, en las que los acusados se presentan ante la propia UIF para aclarar sus irregularidades y si pueden demostrar en esa oficina que el dinero no es ilícito, se les permite volver al sistema financiero.

En el caso de a quienes incluyeron en la Lista de Personas Bloqueadas, en los últimos nueve años, mil 377 lograron ser eliminadas por garantías de audiencia y 609 tras ganar un juicio de amparo; 14 mil 255 cuentas se desbloquearon en audiencia y 11 mil 12 en juicios; y más de nueve mil millones de pesos se liberaron en procesos internos y más de 21 mil en tribunales.

Llama la atención que también se exhibe que en el gobierno de Enrique Peña Nieto, la UIF aplicaba un método señalado como “no identificado” para liberar cuentas. Con las se eliminaron de la Lista de Personas Bloqueadas a 69, se liberaron 476 cuentas bancarias y desbloquearon más de 281 millones de pesos.

Pero en todos los casos, cualquiera que fuera ese método que ni la propia UIF identifica o tiene claro cuál fue, dejó de emplearse en el actual gobierno, pues se reporta en ceros a partir del 2018.

El informe presentado en el gabinete de seguridad federal que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador reportó que en 2022 fue además, el año con más alertas en la historia por parte del sistema financiero, recibiendo más de 35 millones de avisos de posibles movimientos indebidos o atípicos; comparado con 31 millones del 2021, 25 millones del 2020 y 29 millones en 2019. En total, en los últimos nueve años, el sistema financiero y los sujetos obligados como casinos, han mandado a la UIF 310 millones 39 mil 247 alertas.

La mayoría de suspensiones y amparos obtenidos en tribunales por sujetos ingresados a la Lista de Personas Bloqueadas (LPB) se basan en criterios apegados a la jurisprudencia número 2ª./j.46/2018 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; la cual dicta que los bloqueos ordenados por la UIF son constitucionales únicamente cuando se realizan para cumplir compromisos o peticiones internacionales; lo anterior conforme a la interpretación del artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito.

Esta jurisprudencia de la Segunda Sala de la Corte es conocida como “la jurisprudencia de Medina Mora”; la estructuró y validó la ponencia del entonces ministro Eduardo Medina Mora para debilitar a la oficina encargada de combatir el lavado de dinero. El criterio de tesis se emitió justo en el momento en que el presidente Enrique Peña Nieto consideraba inminente la victoria de Andrés Manuel López Obrador.