Por Edgardo Cabrera

Cero y van dos las sanciones que interpone el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en contra de la gobernadora de Tlaxcala, Lorena Cuéllar Cisneros, fue por violar la ley: por sus acciones y omisiones.

La nuestra, y así está probado y sancionado, no es una mandataria que gobierne para todos, solo lo hace para una camarilla, su grupo, algunos morenos, no todos, solos los afines a sus intereses o ambiciones, y su defensa legal fue derrumbada por los magistrados.

En los hechos desvió recursos públicos con fines proselitistas, eso que López Obrador ordenó al principio de su gobierno que se castigara como delito grave.

Cuéllar Cisneros acudió a un acto proselitista en Hidalgo, a favor de Ramón Menchaca, derivado de su participación en un evento de campaña el 14 de mayo -dice la sentencia- favoreció al candidato de Morena vulnerando los principios de imparcialidad y neutralidad.

En su primera sanción, la Sala Superior confirmó que vulneró también el marco electoral federal por entrometerse con un desplegado político a favor del Presidente Andrés Manuel López Obrador, en la etapa de veda electoral por la revocación del mandato y, por cierto, de nuevo, hace unas semanas incurrió en utilizar su nombre y cargo para entrometerse en el proceso electoral de Tamaulipas al suscribir otro desplegado atacando a magistrados que analizaban una impugnación en contra del gobernador electo moreno.

Estamos ante una actitud reincidente y aunque el Congreso de Tlaxcala fue ordenado para resolver la sanción que le impondrán por las ilegalidades, se han hecho de la vista gorda.

SOBERANÍA PISOTEADA

Como si los problemas ecológicos de Tlaxcala no fueran graves, o si el Río Zahuapan ya fuera cristalino y las plagas en la Malinche (las de insectos y la de las mafias de taladores) ya se hubiesen aniquilado, al señor morelense que le pagan mucho dinero como secretario de Medio Ambiente sigue más ocupado en las grillas políticas, en particular, en someter al poder legislativo.

Sorprendentemente nos enteramos la semana pasada, gracias al periodista Juan Luis Cruz https://bit.ly/3CjfyHh , que el funcionario Luis Antonio Ramírez Hernández citó a los diputados a una especie de comparecencia con funcionarios estatales, ¡sí!, ¿aunque no lo crea?, en un claro contrasentido de sus potestades, porque el Legislativo debe comparecer al Ejecutivo, no al revés. 

Ahora los legisladores deberán rendirle informe al Ejecutivo de sus iniciativas pendientes por aprobar, “según para sumar esfuerzos”, y mientras se trastoca la soberanía de otro poder, sigue pendiente la demanda de comparecencia de la procuradora Ernestina, formalizada por el coordinador del PRD, Juan Manuel Cambrón, es el mundo del revés, pero más allá de eso, es el estado de la ilegalidad y la burla.

Lo que hace el secretario de Medio Ambiente de la Triste Historia es un claro desvío de recursos públicos, comprendido dentro del catálogo de conductas consideradas como corrupción, porque no le pagan del erario para hacer politiquería o fungir como “enlace con el legislativo”, eso es tarea de otra área, como la de gobernación, por ejemplo. https://mexico.justia.com/derecho-penal/delitos-por-hechos-de-corrupcion/preguntas-y-respuestas-sobre-delitos-por-hechos-de-corrupcion/#q2