Desde 2018 Hidalgo es el estado más ordeñado del país. En la entidad se han multiplicado los grupos que se disputan la ordeña de los ductos de Pemex, pese a la explosión que enlutó a Tlahuelilpan hace tres años. Hoy, muchos pobladores luchan por el cumplimiento de apoyos prometidos por el gobierno.

Fuente: PROCESO

Desde 2018 Hidalgo es el estado más ordeñado del país. En la entidad se han multiplicado los grupos que se disputan la ordeña de los ductos de Pemex, pese a la explosión que enlutó a Tlahuelilpan hace tres años. Hoy, muchos pobladores luchan para que el gobierno, en sus tres niveles, cumpla con los apoyos e indemnizaciones prometidas, al tiempo que se cuidan de los huachicoleros que operan en la región.

Desde aquella explosión hasta julio de 2021, en Tlahuelilpan se detectaron 382 tomas clandestinas y en Tlaxcoapan, el municipio adyacente, hay otras 486, según datos de Pemex.

Deudos de los 137 muertos por la explosión de un ducto de Pemex en Tlahuelilpan, el 18 de enero de 2019, enfrentan el olvido de las autoridades que prometieron reconstruir un pueblo enlutado, la disputa de las rutas de la ordeña por parte de grupos de huachicoleros y, encima de todo, la precariedad laboral agudizada por la pandemia de covid-19.

Peor aún, aquella tragedia no sólo no redujo las operaciones del huachicol; hoy es una herida abierta para cientos de damnificados.

Dos meses después de aquel fatídico 18 de enero de 2019, decenas de deudos firmaron una minuta de seis puntos en Palacio Nacional, en una sesión en la que, recuerdan, estuvo el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Desconocen el estatus del terreno donde ocurrió el siniestro, no cuentan con la escritura para construir ahí una Casa de Oración y no han dejado de reclamar que tampoco se cumplió el acuerdo de crear fuentes de empleo para las familias afectadas, el cual involucraba a los tres niveles de gobierno.

La comunicación con representantes federales se rompió y les han retirado apoyos que, remarcan, habían llegado a muy pocos, como el recurso para madres solteras procedente del programa del gobierno federal; tampoco se creó un fondo o programa específico para atenderlos.

Cuando explotó el ducto en la localidad de San Primitivo, en los límites entre Tlaxcoapan y Tlahuelilpan, Leslie, entonces de siete años, perdió a Cruz, su padre, cuyo cuerpo fue identificado tres meses después por huella genética.

Desde entonces, Y.O., su madre, tuvo que dedicar todo su tiempo a trabajar para costear los estudios de su hija y la manutención de su familia. De las becas prometidas ninguna llegó: ni la académica ni la de madres solteras ni la de proyectos productivos. Ninguna de los gobiernos estatal o federal, a pesar de que este último prometió un apoyo vitalicio para los huérfanos de la tragedia.

Y.O. cree que aquel día el fuego que surgió del ducto le quitó a Leslie un padre y también a su madre, obligada a ausentarse para conseguir los recursos con los que se ambas se sostienen.

“¿Cómo le explicas a una niña de esa edad que su papá se murió y yo ya me voy a ir, ya no voy a estar con ella, porque voy a trabajar para sacarla adelante? Esa es la parte que, hasta el día de hoy, pesa todavía. Sí puedo trabajar, sí puedo sacarlos adelante, pero está esa otra parte: la ausencia”, se reprocha.

“Ella pregunta: ‘¿Qué le pasó a mi papá?’. Lo único que le digo es: ‘Mira, hija, tú papá ya se murió. Ya no está aquí; ya no va a regresar’. Y ella insiste: ‘¿Pero qué le pasó?’. Le digo: ‘No lo sabemos, hija, fue un accidente’.

“¿Por qué? Porque yo no sé cómo explicarle qué pasó con su papá, porque no lo sé; no sé por qué estaba ahí. Nadie lo sabe”, insiste.

Leslie es un nombre creado para resguardar la identidad de la menor, una de los 194 huérfanos que dejó la tragedia, según el censo del gobierno federal.