CONTROVERSIA
18 de noviembre - 2021

Por Edgardo Cabrera

Ahora sí la titular de la Dirección Jurídica del Congreso local, Karla Daniela de Anda tendrá su primera prueba de fuego, en sus manos estará la defensa de los diputados quienes la semana pasada tasaron el haber de retiro de Felipe Nava Lemus quien concluyó su cargo como magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Estado.

El asunto es que le establecieron una retribución económica diametralmente distinta a la de Elsa Cordero y a Ramón Rafael Rodríguez Mendoza. Mientras la anterior legislatura ordenó proporcionarle a la ex magistrada 90 por ciento de su sueldo que percibía como magistrada en el primer año, y a Ramón Rafael 80 por ciento, a Nava Lemus le concedieron 50 por ciento.

En cuanto al lapso del haber, a Rodríguez Mendoza le concedieron 4 años, a Elsa Cordero 6 y a Felipe Nava 5, por tanto, entre los magistrados del TSJE se analiza interponer una Controversia Constitucional contra el Congreso local, hay voces que consideran que los diputados actúan de forma ‘discrecional, regresiva y arbitraria’.

El martes, en asuntos generales de la sesión del Pleno del poder judicial, plantearon defender los principios de ‘igualdad, progresividad, seguridad jurídica, independencia, y autonomía de la Judicatura.

De acordar el inicio del litigio veremos si doña Karla Daniela desquita la beca que le otorgó el Partido del Trabajo al reclamar como “cuota” política el área jurídica del Congreso. La realidad es que desde que fue propuesta, entre varios diputados despertó dudas y cuestionamientos al considerar falta de experiencia y capacidad de la abogada.

Aunque todavía no hay consenso para interponer la controversia, de su actuación depende el futuro económico del resto de los magistrados, porque si en este momento tasaron en 50 por ciento el haber de Nava, nada les impide que los próximos juristas en retiro no les den ni un peso bajo el pretexto de la austeridad república y la pobreza franciscana.

ATENTADO

Lamentable lo ocurrido en Huamantla en contra de la comunicadora Noemí Carmona, a quien le balearon su domicilio.

Como es costumbre, la Procuraduría General del Estado no ha emitido ningún informe al respecto, tampoco nadie en el gobierno de la Nueva Historia ha dicho algo, recordemos que fue la propia gobernadora Lorena Cuéllar quien se comprometió a crear la Unidad de Protección a Periodistas y Defensores de Derechos Humanos, lo que no ha ocurrido, todo quedó en mero discurso.

El incidente no es un hecho atípico, van en aumento los ataques contra periodistas y comunicadores en Tlaxcala, algunos son físicos, otros verbales, unos más utilizando granjas de bots y también están las acciones por la vía legal, en todos los casos el objetivo es amedrentar la libertad de expresión y el derecho a la información.

Nuestra solidaridad con la colega Noemí, y la preocupación creciente por la impunidad con la que ocurren las agresiones.