Por Edgardo Cabrera

Como lo anticipamos en este espacio, el Congreso local ya traía línea, una muy distinta a la de antes de las elecciones del 6 de junio. Ya con gobernadora electa, no hubo mayor complicación para declarar válida la votación del 30 de mayo mediante la cual Jackeline Ordóñez Brasdefer fue designada presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos.

Con la entrega de la constancia de mayoría y declararada gobernadora electa Lorena Cuéllar, quedó marcado el destino de Cid.

Del lado del poder fáctico nunca existió la intención de reponer un procedimiento que iba bien hasta que las pugnas electorales y el chaqueteo de algunos diputados le dio traste a la elección de la titular del organismo.

No fue necesario convocar a una sesión extraordinaria y tampoco emitir una nueva convocatoria, tras el regreso de los perdedores de la elección el Congreso volvió a inclinar la balanza del lado del lorenismo, simplemente bastó un acuerdo construido a partir de una interpretación distinta a la ley y aprobarlo en la sesión de la Comisión Permanente del viernes.

De paso, sirvió para exhibir y aplacar los berrinches políticos de la ecologista Aitzury Fernanda Sandoval Vega y del ex morenista José María Méndez Salgado, quienes recularon de su voto en contra al mismo dictamen que fue presentado el viernes anterior, ahora con la fuerza del nuevo poder, no tuvieron más que agachar la cabeza y levantar el dedo.

Con ello Jackeline Ordóñez tomó protesta y Florencio Licona entregó la presidencia interina que solo le duró un día por lo que regresó a ocupar el cargo de primer visitador.

Ahora vendrá la revisión con lupa, porque la nueva presidenta de la CEDH conoce muy bien de los manejos y excesos de Cid, incluso ella fue víctima de esos atropellos que deberán ser castigados de acuerdo a la ley. 

A la lista de los pendientes de Cid con la justicia, se agregan que al cierre de su gestión se negó a abandonar el puesto y, por el contrario, se dio el lujo de contratar de entre 8 y 12 allegad@s, despedir a media docena de trabajadores y ningunear al nuevo Consejo Consultivo.

REVANCHA

Con la espada desenvainada regresó Gardenia Hernández a la presidencia municipal de Tlaxco, tras ser recibida en medio de una ovación de su cabildo, exhibió supuestos excesos y trampas del síndico Amador Márquez López, quien se convirtió en el poder tras el trono durante los meses que se ausentó la presidenta para competir por la diputación local.

El viernes, frente a los regidores y presidentes de comunidad, Gardenia acusó que dicho funcionario extrajo aparentemente de forma ilegal documentación oficial, horas antes de que se reintegrara a la alcaldía, al tiempo de que le recordó que los líos legales que enfrenta la comuna son consecuencia del pésimo trabajo de la sindicatura.

Quizá Gardenia tenga razón de su malestar y de los reproches, luego de que perdiera la contienda por la diputación frente a su compañera de cabildo, la primera regidora Diana Torrejón, sin embargo, más que palabras, si existen anomalías debería promover las acciones legales correspondientes porque sino todo quedará en mera perorata.

Y es que tras las elecciones de junio, también quedó en evidencia el desastre político que vive ese municipio cuya población dejó constancia de que no les gustan las revanchas y los pleitos de camarillas, de entrada el PRI no pudo refrendar la alcaldía, Morena no pudo hacer lo propio con la diputación, y familias que se sentían con derecho de linaje para gobernar fueron aniquiladas en las urnas, allí están los Velázquez y los Rivera que se quedaron con las ganas de gobernar. 

Antes que actuar con el hígado, perdedores y ganadores tendrían que privilegiar el diálogo y la reconciliación.