Por José Luis Ahuactzin

El Pleno del Congreso local, al mantener en inacción la designación de la titularidad en la presidencia de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) ya que el plazo fatal es el 31 de este mes, se podría generar una crisis en derechos humanos.

Al ser consultado el especialista en derecho constitucional y derechos humanos, Miguel Nava Alvarado, expuso que los diputados locales están obligados a cumplir con la resolución 48/134 del 20 de diciembre de 1993,  adoptada por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) donde se establecen los ‘PRINCIPIOS RELATIVOS AL ESTATUTO Y FUNCIONAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES NACIONALES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS’, mejor conocidos como ‘PRINCIPIOS DE PARÍS’.

Resolución que, por la firma de los pactos internacionales, es derecho vigente en México, y que se debe observar en la ‘credibilidad, legitimidad, funcionamiento y eficacia de las instituciones públicas defensoras de derechos humanos…’, refirió el especialista.

Todo este andamiaje jurídico esta de conformidad con lo establecido en el artículo 102 Apartado B, párrafo octavo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) y 96 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala.

A decir del especialista por la Universidad Complutense de Madrid, Nava Alvarado, dice que, ‘un reglamento donde establece otra forma de designación, no puede estar por encima del andamiaje emanado de los tratados internacionales y de la carta magna…’, lo que pondría en riesgo las actuaciones de una designación provisional y no tener validez.

El también ex ombudsman del estado de Querétaro,  sostuvo que ‘de no observar (los diputados) su procedimiento de convocatoria para la designación del titular de ese organismo autónomo, el Congreso de ese estado, estaría violentando el derecho internacional y constitucional en esta materia…’.

Incluso, advirtió ‘que llevaría a crear una crisis de legitimidad de quien trataran de imponer por otra vía, atentado contra el principio de autoridad moral de la institución. Con el riesgo de que sus actos carecieran de total validez…’, alertó el especialista en derechos humanos.

El doctor en derecho por la Universidad Carlos III de Madrid, afirmó que el proceso de designación se tiene que ajustar a lo que la Soberanía local, estableció en su convocatoria de origen y dejar a un lado otra normativa, pone en riesgo la tutela de los derechos humanos de la sociedad de una comunidad, en este caso de los habitantes de la entidad

Al ser entrevistado sobre la designación del próximo presidente de la CEDH en Tlaxcala, el especialista señaló que a quien tratan de imponer por vía reglamentaria y no lo que establece su convocatoria, tiene un claro conflicto de interés; es decir, del primer visitador general Francisco Menacho Díaz porque su esposa es la secretaria privada del actual presidente de la CEDH.