Por Edgardo Cabrera

Con la experiencia de lo ocurrido con la renovación frustrada de tres magistraturas del TSJE, y el desastre en el que se convirtieron procesos que parecían de mero trámite, como el de Elsa Cordero, la sucesión en la CEDH anticipa un nuevo cochinero, máxime por la pugnas políticas entre bancadas y el chapulineo de algunos diputados al calor de las campañas electorales.

Aunque no lo crea, el sujeto que detenta el puesto quiere ser ratificado por un segundo periodo, la ley le concede esa posibilidad, pero la ética y la moral, si es que la conoce, lo inhabilitarían.  

Por ello anda cabildeando al interior del Congreso, y nos cuentan que su principal impulsora es la diputada morenista Mastranzo quien preside, tristemente también, la comisión legislativa que se ocupa de los derechos humanos.

Y es que de tal palo, la astilla. Ni el organismo, ni la comisión legislativa se han ocupado de atender a las víctimas de violacion a los derechos humanos, los casos se cuentan por decenas, algunos relacionados con la desaparición de menores, abusos de policías, violaciones de autoridades a particulares, y la impunidad en el castigo a tratantes que han sido liberados por jueces y magistrados.

La lucha feminista o la inclusión del sector de la diversidad sexual simplemente sirvieron de parapeto para tomarse la foto cuando la ocasión lo ameritó, pero en los hechos ni el sujeto que se dice Cid pero que actúa como un Zar, ni la señora que presume no ser de la mafia del poder, hicieron algo a favor de los grupos vulnerables.

IRREGULARIDADES

Por si no fuera mucho lo anterior, hay una larga lista de irregularidades administrativas que fueron consentidas por el Congreso del estado, empecemos por revisar su cuenta pública correspondiente al ejercicio fiscal 2018, fue reprobada, pero no pasó nada aún cuando le documentaron un quebranto financiero por 3.1 millones de pesos, todo quedó solo en el escándalo mediático.

Entre muchas observaciones, llama la atención el desvío de recursos públicos para “invitar” a un viaje a Orlando, Florida, a un ex integrante de la Brigada Blanca, grupo paramilitar de oscuro pasado que en los años setenta se dedicaban a realizar violaciones sistemáticas a los derechos humanos de los grupos de izquierda o disidentes.

Ese mismo año, como nuevo rico más que como funcionario público, también viajó a España y Francia, de igual forma se pagó una maestría y hasta se dio el lujo de comprar un doctorado “honoris causa”en un instituto desprestigiado por las burlas en que ha convertido ese reconocimiento al entregárselo a los mejores postores. 

Para el ejercicio fiscal 2019, el informe relativo a la cuenta pública emitido por el Órgano de Fiscalización Superior también venía en sentido negativo, inexplicablemente cuando el asunto llegó al terreno de los diputados locales, las “negociaciones” y el cabildeo le dieron frutos, de un sablazo la cambiaron a un sentido aprobatorio.   

Otro ejemplo de la impunidad con la que se ha conducido se encuentran claros actos de tráfico de influencias, como aquel mediante el cual colocó a su hija en la nómina del TSJE, sin cumplir con los requisitos de elegibilidad y procedimiento de contratación, a cambio el ahora ex marido de la ex magistrada Xicoténcatl fue contratado como Director del Centro de Investigación y Capacitación de Derechos Humanos.

Quizá por todo lo anterior, ya hay voces como la de la abogada Félix Pozos Palafox quien ha exigido a los diputados locales que el proceso de renovación de la Comisión Estatal de Derechos Humanos y la designación de titular del Sistema Anticorrupción, sean realmente abiertos a la ciudadanía para que concursen especialistas en un proceso donde, además, se cuiden las medidas de seguridad y confidencialidad, ya que en el pasado, para rematar, Cid fue evidenciado por copiar un examen.