Asegura que su contagio de COVID-19 fue aprovechado para llamar a su suplente y dejarla fuera de las sesiones de Cabildo, promueve juicio de protección de derechos

Por Alfredo González

La síndico municipal de Totolac, María Elena Conde Pérez, denunció este jueves ser víctima de una presunta violencia de género en el ayuntamiento que encabeza Giovanni Pérez Briones,  así como del cuerpo edilicio, quienes de manera ventajosa habrían aprovechado cuestiones de salud para expulsarla de su cargo e imponer a su suplente, acción que dibujó podría dar pie a la aprobación de diversas irregularidades en el ayuntamiento.

Durante rueda de prensa, la síndico depuesta acusó que desde el pasado 23 de agosto, fecha en que dio positivo a infección de Coronavirus, le fue impuesta una licencia de salud por un periodo de quince días, donde de manera afortunada logró recuperarse, sin embargo, al solicitar su reincorporación a su encargo el pasado 11 de septiembre, la petición fue desatendida por el ayuntamiento, quien incluso, durante sesión de cambiado el 23 de septiembre, extendieron su licencia al cargo por razones médicas de manera unilateral.

En ese respecto, Conde Pérez señaló que es víctima de violencia de género y política por parte del presidente municipal y los regidores de la comuna, quienes han bloqueado sus intentos por reincorporarse al cargo, al tiempo que adujo que en la operatividad administrativa y financiera de la columna existirían diversas irregularidades, para la cuales su presencia sería un obstáculo,

En ese sentido abundó que, a su paso por la presidencia, fue víctima de presunto abusos al obligársele  a realizar la revisión de la cuenta pública, consistente en varios miles de hojas, en tanto solo un día, violentando el periodo de tres días con la ayuda de auxiliares que se encuentra prevista en la ley, además de ganarse la animadversión de quien encabeza el ayuntamiento por votar en contra de varias de sus propuestas en sesiones de Cabildo,

Por lo anterior, su representante legal, Katy Valenzuela aseguró que se ha promovido el juicio de protección de derechos políticos JDC-23/2020 ante instancias jurisdiccionales para que sean las autoridades quienes mandasen su reinstalación en el cargo y el pago completo de sus percepciones desde el pasado 23 de agosto cuando fue depuesta de su cargo de elección.