Por José Luis Ahuactzin

Por tercera ocasión, un particular de la región de Zacatelco presentó un juicio de amparo constitucional contra 7 artículos de la nueva Ley de Educación que aprobó el Pleno del Congreso local el 19 de mayo.

El particular reclama ante el Juzgado Primero de Distrito, a través del expediente 441/2020, la aplicación de los artículos ’40 penúltimo párrafo, 109, 126 fracción XX, 162 párrafo tercero, 163, 166, 180 fracción XV…’ todos del Decreto número 208, mediante el cual fue expedida la Ley de Educación para el Estado de Tlaxcala.

Uno de artículos que ha generado inconformidad es el artículo 109, que refiere ‘Los muebles e inmuebles destinados a la educación impartida por el Estado y los particulares con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios, así como los servicios e instalaciones necesarios para proporcionar educación, forman parte del Sistema Educativo Estatal y Nacional…’.

También se inconformó contra el artículo 126, fracción XX que refiere ‘promover la transparencia en las escuelas públicas y particulares en las que se imparta educación obligatoria, vigilando que se rinda ante toda la comunidad, después de cada ciclo escolar, un informe de sus actividades y rendición de cuentas, a cargo del director del plantel…’.

Respecto del artículo 162, párrafo tercero, este refiere que ‘la vigilancia con objeto de verificar el cumplimiento de las disposiciones y requisitos para impartir educación en los términos de este Capítulo, incluido el aumento de los costos que carezcan de justificación y fundamentación conforme a las disposiciones legales aplicables…’.

Otro caso de amparo contra esta misma norma, se trata del director general de la Asociación Civil «Centro de Estudios Superiores de Tlaxcala», quien promovió dicho recurso para echar abajo los artículos 109, 160, 162, 180, 181, 188 y 189.

Estos dos juicios se suman al existente promovido por una particular quien también acusó probables violaciones con la vigencia de la nueva legislación.

Dicho recurso fue presentado el pasado 13 de julio ante el Juzgado Tercero de Distrito del Poder Judicial de la Federación (PJF), radicado bajo el expediente 281/2020.