Por José Luis Ahuactzin

Vaya sorpresa que se llevó Juan Carlos Sánchez al decretarle medidas cautelares pero en su contra, por la promoción personalizada para posicionarse como POPULAR en el ánimo social por su necedad de ser el próximo gobernador.

Sin esperar la notificación, retiró de forma inmediata de sus redes sociales las publicaciones, pese a que la orden de los consejeros electorales del ITE surgió la noche del jueves.

Ahora a quién culpará de sus hierros, pues su berrinche lo ha enloquecido a tal grado que su aspiración está en riesgo de no concederle el registro de la candidatura al gobierno del estado.

Si bien la denuncia por promoción anticipada en su contra presentada por un particular, solo resolvió las medidas cautelares para que en el futuro no lo vuelva a hacer, la sentencia definitiva será resuelta por los magistrados del TET sobre actos violatorios de la Ley Electoral y ello le cerraría de lleno su aspiración política.

Pero eso no basta, las incontables cuentas en la red social que ostenta el neopanista, seguro desconoce qué tanto ha publicado, desde los garrafones de agua, hasta el uso faccioso de los murales de Cacaxtla. 

Su ignorancia NO lo eximirá de sanciones y multas, pues en una clara violación a los derechos de autor, mantiene su promoción personal con los murales prehispánicos de nuestras zonas arqueológicas.

Por el mismo camino se encontraría la empresaria Dulce Silva, que ha tapizado con espectaculares lonas que promocionan su imagen, con colores similares a los del partido político que encabeza el gobierno federal.

Bien dice el refrán que ‘cuando las barbas de tu vecino veas cortar, pon las tuyas a remojar’.

Y en eso de las denuncias, el pasado día 8, el periódico El Universal reveló que la súper delegada del Bienestar en Tlaxcala, se encuentra dentro de la lista de funcionarios denunciados ante la Secretaría de la Función Pública.

Una investigación del periódico nacional, evidenció la existencia de 97 denuncias contra delegados y solo el de Querétaro es el que está en cero.

Las denuncias van desde su intervención en el proceso electoral, usar programas sociales para posicionar su imagen, denuncias por despidos injustificados, irregularidades administrativas, entre otras.

Y… ante todos estos ejemplos, valdría la pena reflexionar si es necesario hacer una consulta popular para enjuiciarlos, o esperar a que la autoridad electoral nos haga el favor para aplicar la Ley para investigarlos y sancionarlos, ¿Qué opinas?