Por José Luis Ahuactzin

Se trata de 7 artículos de la nueva Ley de Educación que aprobó el Pleno del Congreso local, impugnados ante el Juzgado Tercero de Distrito del Poder Judicial de la Federación (PJF), derivado de posibles excesos en la regulación de la educación particular y sus bienes.

De acuerdo con el medio de control constitucional, se busca echar abajo los artículos 7, 28, 108, 109, 126, 157, y el 180, ya que son confusos en su aplicación e invaden en la esfera de competencia de los bienes privados. 

Por ejemplo el artículo 157 determina que las instituciones particulares deberán obtener permisos de la SEP por cada nuevo Plan o Programa Educativo nuevo o con modificaciones.

Que el cobro de colegiaturas no deberá estar ligado al menoscabo de derechos de los menores; los uniformes y materiales educativos no deben estar condicionados a un proveedor.

En el artículo 126, fracción XX, establece que en las escuelas particulares deberán transparentar al final de cada color escolar un informe de actividades y rendición de cuentas, a cargo del director del plantel.

En el artículo 109, detalla que «los muebles e inmuebles destinados a la educación pública y particulares… forman parte del sistema educativo estatal y nacional.

En el artículo 108, señala que las instituciones educativas públicas y particulares, también funcionarán como centro de aprendizaje comunitario. Dónde tendrá funciones de integrar a las familias y a la comunidad.

Por ello, este medio de Impugnación fue radicado bajo el expediente 281/2020, radicado el pasado 2 de julio de la presente anualidad. 

Recordar que la nueva Ley de Educación impulsada por la entonces presidenta Luz Vera Díaz, no sólo tiene texto pirateado de una investigación de la UNAM, si no que otros errores de gramática y ortografía, y fue aprobada el 25 de mayo pasado en el salón de Plenos del Congreso local.