Por Edgardo Cabrera

El Tribunal Superior de Justicia del Estado es ya una comedia de varios actos, en donde la pugna por el poder escaló al ámbito federal que determinó este martes reinstalar al presidente depuesto por seis magistrados amotinados y movidos por sus propias ambiciones.

Y aunque digan lo contrario, la realidad es que el poder judicial de Tlaxcala enfrenta una severa crisis provocada por la falta de acuerdos y consensos entre los siete abogados que integran el Pleno, así como por un maltrecho Consejo de la Judicatura que ha quedado evidenciado como un ente corrompido por los intereses personales.

En el primer acto de esta comedia, el viernes consejeros y magistrados depusieron del cargo a Héctor Maldonado, todo en un marco de opacidad y excesivo hermetismo, y colocaron a Mario Jiménez.

En un segundo acto, Maldonado actuó rápido, evitó la estridencia mediática y promovió un amparo ante la justicia federal.

Mientras tanto Jiménez se dedicó a correr a funcionarios y hasta le dio tiempo de dar una entrevista exclusiva para presumir su proyecto de “modernidad” judicial para “mejorar radicalmente” el servicio al público.

El tercer acto fue protagonizado por el juez tercero de distrito al conceder la suspensión provisional solicitada por Maldonado y ordenar su reinstalación de forma inmediata en tanto el amparo promovido se resuelva de fondo.

Pero también el juzgador dejó sin efectos los actos realizados por el magistrado Jiménez, entre ellos los nombramientos y despidos que entre el viernes y el martes hizo.

Para cerrar la pinza, una vez conocida la determinación del juez federal, de forma apresurada Héctor Maldonado comunicó al gobernador Marco Mena la determinación.

Y aunque el ahora reinstalado presidente dijo que es “tiempo de dialogar”, la realidad es que ni los magistrados ni los consejeros de la judicatura darán su brazo a torcer, por lo que esta tragicomedia seguirá su curso para desgracia de los justiciables y personal que labora en el poder judicial entre los que priva la incertidumbre laboral. 

DE PACOTILLA

Es claro que el dirigente de la sección 31 del SNTE, Demetrio Rivas ya no coordina ni a sus delegados, se le salieron del huacal y cada quien quiere negociar por su lado para saciar sus propios caprichos.

Es el caso de la representante sindical en las oficinas centrales de la Secretaría de Educación Pública del estado (Sepe-USET), Wendoline Amaro Ramírez, quien desde el lunes decidió bloquear los accesos de la dependencia en protesta porque quiere “pactar” al menos 26 puntos de un pliego petitorio cocinado por ella. 

Así, desconoció a Rivas y exige establecer una mesa de negociación directamente con el secretario Manuel Camacho.

Y la realidad se trata de un contrasentido, para empezar, porque Amaro Ramírez asegura ser agremiada a la sección 31 del SNTE, donde jerárquicamente existe un secretario general que fue facultado por sus delegados y las bases, además de que la ley laboral le asiste para entablar negociaciones con la parte patronal.

Sin embargo la delegada afín al ex secretario Miguel Ángel Islas Chío se saltó las trancas y, como si se tratará de su propio sindicato, ahora quiere firmar acuerdos con el titular del ramo para que, por ejemplo, no se apliquen sanciones por llegar tarde y colocar el reloj checador justo en el acceso principal y no en la oficina administrativa.

También quiere que sean de mayor precio los regalos que reciben los trabajadores por el día del niño, de la madre, del padre, de la secretaria, así como que se reactiven los viajes turísticos en periodos vacacionales, y que corran a la directora de relaciones laborales, Claudia Inés Xochihua, amén de que pide que las plazas de confianza pasen a ser de base.

La lista es larga y hasta incluye una exigencia para pactar por adelantado un contrato exclusivo con el proveedor encargado de los banquetes en sus fiestas.

Es claro que en la sección 31 Demetrio Rivas es un mero ente ornamental ya que a sus escasos días de que deje el cargo nadie lo toma en serio.