Por José Luis Ahuactzin

A 14 años de haber sido gobernador de Tlaxcala, el exmandatario Alfonso Sánchez Anaya, reveló su fortuna a través de la Secretaría de la Función Pública (SFP), en la que señaló tener un ingreso total por 112 mil 960 pesos mensuales, 1 departamento, dos terrenos, 3 vehículos, 3 cuentas bancarias, es accionista, y comparte asociación en desarrolladoras de vivienda.

Sánchez Anaya fue gobernador de Tlaxcala por el PRD en el periodo 1999-2005, actualmente ostenta el cargo de titular de unidad en la Secretaría de Gobernación del gobierno federal que encabeza el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador.

A través de la SFP, informó que percibe un sueldo por 105 mil 442 pesos de manera mensual, por actividad financiera recibe mil 871 pesos, y por servicios profesionales un total de 5 mil 647 pesos, siendo en total 112 mil 960 pesos mensuales, siendo desde el 1 de diciembre del 2018 en que asumió el encargo a la fecha.

Respecto de su situación patrimonial, en bienes inmuebles, Sánchez Anaya, reportó tener un departamento adquirido de contado con un valor de 2 millones de pesos, un terreno con una superficie de mil 200 metros cuadrados adquirido de contado con un valor de 100 mil pesos, y adicionalmente un terreno de 185 mil 700 metros cuadrados cuyo posesión fue por herencia y el valor es de 14 millones 304 mil 389 pesos.

En vehículos, informó sobre la posesión de tres unidades: una camioneta marca GMC, tipo PK, modelo 1994, adquirida en el 2004 bajo la forma de pago de contado en mil 514 dólares americanos; una camioneta Chevrolet, tipo Suburban, modelo 2008 bajo la forma de pago por línea crédito por 521 mil 990 pesos en el 2008; y una camioneta marca Nissan, tipo Kicks, modelo 2017 de contado por 293 mil pesos en el 2016.

En bienes muebles, el exmandatario reportó tener por menaje de casa que comprende muebles y accesorios de casa como muebles, comedores, salas, accesorios de baño, juegos de recámaras, por un monto de un millón 135 mil 500 pesos; reportó tener cinco acciones con un valor total de 12 millones 505 mil pesos, adquiridos entre los años 2012, 2013, 2014 y 2016.

Respecto de inversiones, reportó tres cuentas bancarias con diversos saldos bancarios: el primero por 426 mil 826 pesos, el segundo por 196 mil 791 pesos, y el tercero por 151 mil 80 pesos, y no reporta adeudos.

En tanto que, en lo que respecta a la declaración de posible conflicto de interés, informó que es presidente honorífico de la Asociación Civil “Frente Ciudadano Matlalcueyetl”; que no tiene participación ante el servicio público, es de participación voluntaria, y su ubicación es en el municipio de Totolac.

Y su esposa, María del Carmen Ramírez García, es presidenta de la Asociación Civil “Mujer Familia y Democracia”, no tiene participación ante el servicio público, es de participación voluntaria, y su ubicación es en el municipio de Santa Cruz Tlaxcala.

Respecto de participaciones económicas o financieras del declarante, cónyuge, concubina o concubinario y/o dependientes económicos, informó que un dependiente ostenta el 50 por ciento de acciones en la empresa INNER REFUGE S.A. de C.V., cuyo sector es el de servicios recreativos prestados por el servicio privado.

Su cónyuge, es socia con el 50 por ciento de las acciones en la empresa INNER REFUGE S.A. de C.V.

En tanto que el exmandatario, señaló ser asesor administrativo de la empresa ARGYTEK, cuyo giro es la construcción; es socio con el 55.26 por ciento de la empresa DESARROLLADORA CASA UNO S.A. de C.V.; y socio con el 32.54 por ciento en la empresa DESARROLLADORES DE VIVIENDA TLAXCALTECA S.A. DE C.V.

José Antonio Álvarez Lima

Respecto del exgobernador del PRI, senador con licencia por Morena y actualmente director de Canal Once en el gobierno federal, estará obligado hacer pública su declaración patrimonial en breve, pues así se lo exige la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

De acuerdo con el Artículo 32, de esta norma federal, los funcionarios estarán obligados a presentar las declaraciones de situación patrimonial y de intereses en un plazo de 60 días, cuando se trate de la declaración inicial.

Y dentro de los sesenta días naturales siguientes a la toma de posesión con motivo del ingreso al servicio público por primera vez, y reingreso al servicio público después de sesenta días naturales de la conclusión de su último encargo.