Por José Luis Ahuactzin

A 15 días de haberse notificado la recomendación 40/2017 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) a la presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE), Elsa Cordero Martínez, por violaciones a los derechos humanos de la jueza Juanita Munguía Herrera, este poder no ha cumplido para resarcir daños.

En entrevista la jueza Munguía Herrera, detalló que la recomendación esta activa y sólo espera a que se dé cumplimiento total por el Pleno como del Consejo de la Judicatura, pues ha solicitado copias certificadas para conocer el estado procesal de admisión de la recomendación.

Dijo que extraoficialmente sabe que fue aceptada la recomendación por el Pleno del TSJE debido a que tenía un plazo de 15 días hábiles para que dieran respuesta, pero oficialmente desconoce a detalle, por lo que ha solicitado copias certificadas de los actos realizados para el cumplimiento.

La jueza Munguía Herrera, explicó que no dejará que esta recomendación quede en el olvido, pues el daño moral causado en mayo del 2014 tras ser suspendida del cargo sin mediar un procedimiento interno, vulneró sus derechos humanos a la seguridad jurídica, a la legalidad, al honor, y su reputación.

Por ello, el Pleno del poder Judicial deberá establecer un “Plan de Seguimiento” sobre los puntos de la recomendación que son 5, entre ellos que se garantice la reparación integral del daño laboral e integral, disculpa pública, que los integrantes del Consejo de la Judicatura tomen un curso integral de Derechos Humanos sobre responsabilidad administrativa; y que el TSJE designe a una persona que sirva de enlace entre la CNDH y el TSJE.

En enero de 2015, la jueza Munguía Herrera, presentó una queja a la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH), debido a que en el 2014 fue suspendida del cargo de jueza de Ejecuciones de Sanciones Penales y Medidas Restrictivas de la Libertad, y los funcionarios del Consejo de la Judicatura, sin mediar garantías de audiencia y de seguridad jurídica, la suspendieron para investigarla por otorgar beneficios de pre liberación a sentenciados.