Por Gerardo E. Orta Aguilar

Pese a que en agosto del 2015 el ayuntamiento de Tlaxcala fue apercibido para suspender los trabajos que se realizaban en el predio que actualmente alberga al Polideportivo Carlos Castillo Peraza, el gobierno del panista Adolfo Escobar Jardínez continuó las obras en detrimento de un supuesto propietario del terreno.

Se trata de una resolución emitida por el Juzgado Segundo Civil del Distrito Judicial de Hidalgo, de la cual Gentetlx tiene copia, que favoreció en esa ocasión a Ismael Pérez Santacruz, a través del resolutivo emitido el cuatro de agosto del año pasado por el entonces magistrado Mariano Reyes Landa.

Se trata de un Juicio de Interdicto de Obra Nueva en contra del ayuntamiento de Tlaxcala capital y del alcalde Adolfo Escobar Jardínez, respecto a la fracción del predio denominado Rancho San Isidro y Santa Bárbara.

En la querella, se establece que de acuerdo al desahogo de las pruebas testimoniales e inspección judicial, se verificó que efectivamente se realizó obra nueva en la supuesta propiedad del demandante, en este caso Ismael Pérez Santacruz.

Por ello, la instancia judicial ordenó la suspensión provisional de los trabajos que se realizaron para construir el citado Polideportivo, “con el apercibimiento de demolición de lo que se continúe construyendo después del emplazamiento respectivo”.

Incluso, para corroborar la construcción se realizó inspección judicial en la zona el 26 de junio del mismo año, a la cual se le dio “pleno valor probatorio”.

Sin embargo, los trabajos del Polideportivo continuaron, bajo el argumento –según el equipo jurídico del ayuntamiento- de que tanto ésta como otras dos querellas, se litigaron, tan es así que la obra sigue en pie y no se demolió un ladrillo de la moderna obra de Escobar.

Cabe señalar que el promovente es asesorado por José Francisco Arroyo Hernández, abogado que, entre otros asuntos, ha intervenido en el caso de las 16 patentes notariales otorgadas en 2010 durante el sexenio de Héctor Ortiz Ortiz y quien participara en el asunto jurídico de la Plaza Bicentenario en contra del gobierno del Estado.