Por Fernando Tamayo

La semana pasada atestiguamos dos cosas sin precedentes en el país y en nuestro Estado, las cuales tienen un elemento en común. Hoy la impunidad y la falta de respeto a las normas es una de las características que envuelven el accionar de una parte importante de los ciudadanos.

Lo realizado por el ahora ex técnico de la Selección Nacional de Fútbol es un acto que a todas luces resulta inaceptable por donde se le quiera ver. Y es que la agresión a un comentarista deportivo no puede verse de manera aislada, mucho menos cuando es de todos sabido que la práctica del fútbol y de lo que de ella deriva es una de las pocas válvulas de escape con las que cuenta la población para sentirse orgullosa cuando se logra algún triunfo efímero o bien, constituye una de las más grandes esperanzas de triunfo cuando se enfrenta determinado torneo internacional.

El fútbol, particularmente a través de la Selección Mexicana, es un mecanismo de homologación nacional que ha permitido paradójicamente ser uno de los negocios más exitosos para aquellos que lo controlan. La Verde, como es llamada, es considerada un símbolo de hegemonía cultural tanto para los mexicanos que habitan el territorio nacional como los que viven en el extranjero.

Tal es la fuerza y poder de lo que significa la selección de fútbol que con Miguel Herrera se construyó un liderazgo social desde que logró la calificación al mundial del año pasado. Éste no sólo era el DT sino el icono del representativo nacional, aquella que estuvo a nada de hacer historia, al grado tal que en su pensamiento se generó la idea de que él y su personaje construido con base en un mercadeo barato podía hacer todo aquello que quisiera sin que nadie ni nada lo detuviera.

Otro ejemplo de impunidad y de falta de respeto a la ley y la autoridad lo encontramos con la demolición irracional de una capilla patrimonio de la humanidad en una comunidad de San Pablo del Monte. Los habitantes de dicha población determinaron, simple y sencillamente, desaparecer un monumento histórico a pesar de que el mismo estaba protegido por su valor.

Con lo ocurrido con el ex estratega nacional y los pobladores de San Pablo del Monte debemos preguntarnos; ¿Qué se puede esperar de nuestro Estado cuando uno de los íconos nacionales, como se consideraba a Miguel Herrera, puede cobardemente golpear a un periodista por no estar de acuerdo con sus comentarios y que, de ‎la noche a la mañana, una construcción histórica desaparezca sin razón ni motivo? Si hoy un personaje público o un grupo social pueden pensar que tienen permitido hacer lo que quieran sin que exista castigo de por medio de acuerdo a la ley, ¿qué resultados puede haber en el ámbito privado e incluso íntimo de la sociedad?

Tanto lo ocurrido con Herrera como lo vivido en San Pablo del Monte requieren un enérgico castigo, pues a pesar de que el primero fue destituido por la FMF y lo segundo se ha excusado en usos y costumbres, ambas acciones deben castigarse en el ámbito de las leyes. Nadie de acuerdo a la Constitución puede lesionar a ninguna persona por hacer uso de su libertad de expresión ni mucho menos un grupo de ciudadanos puede decidir a muto propio destruir un bien inmueble, mucho menos histórico, cuando no le pertenece. Al tiempo.

Desde la barrera

El asesinato del fotoperiodista Rubén Espinosa ocurrido en la Ciudad de México es un acto que de igual forma debe ser rechazado totalmente por la sociedad. La muerte impune de periodistas no puede ser tolerada en un Estado que se jacta de ser democrático. Esperemos que a la brevedad se conozca a los responsables y se les castigue por tan cobarde acción.