Ciudad de México| Redacción.- La presidenta de la Comisión Contra la Trata de Personas del Senado de la República, Adriana Dávila Fernández, emitió un posicionamiento sobre el caso de trata de personas con fines de trabajos forzados registrado en una tintorería de Tlalpan, Distrito Federal.

En conferencia de prensa, Dávila Fernández, recapituló los hechos y dijo que el domingo 26 de abril la Fiscalía Central de Investigación para la Atención del Delito de Trata de Personas del Distrito Federal, informó a través de un comunicado sobre la detención de implicados en el caso de una joven de 22 años víctima de trata de personas por trabajos forzados.

Agrego que diversos actores políticos, de la sociedad civil e incluso autoridades del ámbito federal y estatal se han manifestado al respecto condenando el hecho, y exigieron a las autoridades perfeccionar sus políticas de prevención para ayudar a detectar más casos que permanecen en la invisibilidad.

Cabe señalar que este caso ha generado incluso confusión de algunas autoridades respecto del delito que se cometió; el Secretario del Trabajo Alfonso Navarrete dijo que no era un caso de explotación laboral, sino un secuestro o privación ilegal de la libertad. La realidad es que por la información y las características del delito es evidentemente un caso de Trata de Personas con fines de explotación en los trabajos forzados y de condición de siervo por deudas.

Indicó que por la escasa información que brinda la PGJDF y declaraciones públicas de la propia víctima, no han pasado ni dos semanas del escape de la joven de sus presuntos victimarios; sin embargo y a pesar de los dictámenes periciales, esta joven ha estado sobreexpuesta en diversas apariciones públicas para contar su terrible historia, que sin duda evidencia el deterioro del tejido social y también la falta de atención de las autoridades para la detección oportuna de casos similares, que seguramente son cientos en el país.

De acuerdo a la Ley General vigente en materia de Trata de Personas en su artículo Tercero se establece el principio de máxima protección: “Las autoridades deben adoptar en todo momento medidas para garantizar su seguridad, protección, bienestar físico y psicológico, su intimidad y el resguardo de su identidad y datos personales”.

La Senadora por Tlaxcala, precisó que el Protocolo de Actuación para la Atención a Víctimas de la PGJDF, establece que la Fiscalía y el Sistema de Auxilio a Víctimas del Delito son los entes responsables en proporcionar a las víctimas o posibles víctimas del delito los servicios tendientes a garantizar el ejercicio de sus derechos, pero lamentablemente ninguno de estos derechos han sido garantizados ni respetados plenamente a la joven víctima.

“Se ha señalado que ella ha acudido a estas entrevistas por su propia voluntad, sin embargo, expertos en atención a víctimas aseguran que quienes han estado sometidos a tales abusos y maltratos, se encuentran en un estado de codificación y disociación post traumática (mecanismo del cuerpo para evadir el dolor), por tanto exponerlos públicamente, viola sus derechos humanos más elementales y se les reduce a un objeto de revictimización”.

Indicó que está de acuerdo en que casos como este no deben ser ocultados, por supuesto que deben conocerse como parte de las políticas de difusión para la prevención y conocimiento del delito, sin embargo no puede ser a costa de violar los derechos fundamentales de quien es prioridad proteger, en este caso la víctima.

“Nos preocupa además de la correcta atención y protección a la víctima, que el debido proceso se encuentre en riesgo por la cuestionable actuación de la PGJDF, debido a la cantidad de datos que están circulando en distintos espacios públicos que puedan generar impunidad”.

Pidió a la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), den seguimiento puntual a este caso y velen por la protección de los derechos de esta joven.