En el PT intentarían burlar la nueva norma electoral que impide a los precandidatos que fracasaron en procesos internos inscribirse como abanderados por otro partido, corre el rumor de la inclusión de Job en el II. No cabe duda que estamos en plena carrera por las diputaciones federales de ahí la reactivada insistencia por citar a comparecer a funcionarios

Por Edgardo Cabrera

Aún cuando participaron en los procesos internos del PRD y PRI, trasciende que el ex rector Víctor Job Paredes y el ex alcalde capitalino Pedro Pérez insisten en no quedarse fuera de la competencia coqueteando con el PT y PVEM, respectivamente.

En el caso de Job, ayer corrió fuerte el rumor de su posible inclusión en la candidatura por el II distrito por el partido del Trabajo.

Tentativamente este miércoles el grupo de Silvano Garay lo estaría oficializando como su propuesta, luego de haber cocinado un supuesto acuerdo para dejar fuera a Dulce María Mastranzo Corona.

Los petistas de Garay intentarían burlar la nueva norma electoral que impide a los precandidatos que fracasaron en los procesos internos inscribirse como abanderados por otra fuerza política.

Nos dicen que su principal argumento es que no hubo proceso interno en el PRD y que la decisión fue mediante el dedazo de la dirigencia nacional que escudó su decisión en una encuesta.

Algo similar ocurre en la argumentación de Pedro Pérez ante los ecologistas.

Los que conocen del nuevo marco electoral sostienen que desde el momento en que inscribieron sus aspiraciones quedaron automáticamente sin posibilidad de participar por otro instituto político.

Basta revisar el artículo 227 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales que establece en su párrafo 5 “ningún ciudadano podrá participar simultáneamente en procesos de selección interna de candidatos a cargos de elección popular por diferentes partidos políticos, salvo que entre ellos medie convenio para participar en coalición…”.

Pequeño detalle

No cabe duda que estamos en plena carrera por las diputaciones federales de ahí la reactivada insistencia de algunos legisladores para citar a comparecer a funcionarios estatales, con la mera intención de ganar reflectores, no olvidemos que lo que menos percibimos en el Congreso es transparencia y legalidad, o ¿acaso han develado el nombre de los 30 y tantos de sus allegados basificados?, o del uso y destino de los recursos económicos que ejercen, ya no hablemos de sus declaraciones patrimoniales.

Resulta que el artículo 96 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo refiere que, “una vez que el Congreso recibe el informe del Gobernador, los integrantes de la Legislatura tienen 5 días para hacer sus observaciones ante el Pleno y, en su caso, solicitar al gobernador la comparecencia de los secretarios del ramo, a efecto de aclarar las observaciones que del informe hayan planteado”.

Pero los diputados no cumplieron con los tiempos de dicha disposición, por lo que tampoco están en el supuesto del artículo 97 de la misma norma, que establece que la comparecencia de los funcionarios debe desahogarse dentro de los 45 días posteriores a la presentación del informe.

Esto significa que tenían hasta el 10 de diciembre para solicitar comparecencias y, de haber cumplido con ese primer paso, habrían tenido hasta el 24 de enero para desahogarlas.

Sin embargo, apenas el 3 de febrero, los diputados aprobaron el proyecto presentado por la Junta de Coordinación y Concertación Política por el que solicitan al Ejecutivo la comparecencia de 5 titulares de dependencias (Sepe, Sesa, Sefoa, Secte y Secoduvi), para disipar dudas sobre cifras contenidas en la glosa.

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