«Pagar 7 mdp del presupuesto del Estado por una sanción es una injusticia»: GPPAN
9 de diciembre - 2014

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Apetatitlán | Redacción.- El Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (GPPAN) exige al Gobernador del Estado la comparecencia de las irregularidades presentadas en las obras de la “Ciudad de la Salud y Ciudad Judicial”, tras pagar una Multa de  7 millones 65 mil 450 pesos por no contar con los estudios de impacto ambiental. Luego de dar a conocer  por  el mismo Gobernador Mariano González Zarur, la sanción que pagó el titular de la Secretaria de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda del Estado  de Tlaxcala (SECODUVI), por la cantidad antes mencionada, se han presentado un serie de

anomalías como la detección de  obras públicas concedidas para su ejecución a empresas en su mayoría no tlaxcaltecas, la poca transparencia en sus actividades ante la Comisión de Acceso a la Información Pública del Estado de Tlaxcala, así como la adjudicación directa en el año 2013

tuvo un presupuesto ejecutado de $91,757,843.92 del cual $59,129,131.82 que representa el 64.44% del presupuesto fue par empresas foráneas, mientras que solo $32,628,712.10 fue para empresas locales que representa solo el 35.56% del presupuesto.

El Coordinador del GPPAN dijo que con el pago de la multa se podrían generar al menos una clínica médica, la construcción de techumbres en escuelas rurales, otorgar uniformes escolares gratuitos, becas estudiantiles para nivel medio y medio superior, por mencionar algunas, además agregó “Es indignante como el dinero del pueblo tlaxcalteca es malbaratado y es una verdadera injusticia que dinero del presupuesto del Estado sea tomado para pagar una multa generada por un funcionario Público,  pero es aún peor que las autoridades no hayan tomado cartas en el asunto como presentar una sanción administrativa y penal a las violaciones del representante de la SECODUVI, a nombre de los legisladores panistas exigiremos se esclarezcan los hechos ocurridos”.

Por último, declaró que para esclarecer estos actos es primordial que la Contraloría del Ejecutivo y el mismo Órgano de Fiscalización intervengan en las averiguaciones de dichos actos desagradables.