2 de diciembre - 2014
Por Fernando Tamayo
El pasado 27 de noviembre, y ante la crisis social y política que vive nuestro país, el Presidente de la República Enrique Peña Nieto presentó 10 medidas para mejorar la Seguridad, la Justicia y el Estado de Derecho en nuestra nación. Al respecto vale la pena reflexionar en torno a la problemática por la que atraviesa México en esos rubros y los requerimientos necesarios para hacer de nuestro país un Estado donde el respeto a la ley sea la premisa fundamental sobre la cual se asienta el Sistema Político.
La seguridad es un factor determinante para el bienestar de las personas, incluso, es considerada el elemento que dio origen al nacimiento del concepto de Estado-Nación. De esta manera, el hecho de que exista un clima de tranquilidad entre la ciudadanía permite una mejor cohesión del tejido social dado que sin paz no puede haber desarrollo y sin desarrollo no puede haber un verdadero Estado de Derecho.
Sin embargo, la propagación del crimen organizado ha vulnerado a la sociedad y amenaza continuamente las capacidades institucionales responsables de garantizar el orden y la tranquilidad social; el impacto que ello genera es la multiplicación de la desconfianza e incertidumbre ante hechos tan lamentables como los ocurridos en Ayotzinapa y Tlatlaya, los cuales, han producido un repudio social por lo público.
Hoy, el retraso de reformas estructurales necesarias que permitan mejorar los mecanismos de rendición de cuentas, la seguridad y la impartición de justicia han producido que las asociaciones delictuosas y el crimen organizado tomen por asalto las instituciones públicas y se infiltren en ellas, al grado de ser ellos los facultados para aplicar la ley.
Por ello el decálogo de acciones presentado por el Presidente de la República llega en un momento tal vez tardío, pero indispensable para reconfigurar el modelo político mexicano. Lo ocurrido en latitudes como Michoacán y Guerrero puede proliferar hacia otras Entidades, sobre todo cuando la nueva reforma electoral permite candidaturas independientes que pueden poner en jaque el Sistema Electoral de nuestro país. Si los delincuentes han logrado adentrase al Sistema de Partidos, ¿Cómo garantizar que aquellos personajes caracterizados por su vida fuera de la ley puedan alcanzar el poder por la vía de las ya mencionadas candidaturas ciudadanas?
Lo prioritario dentro de las medidas y reformas anunciadas por el Ejecutivo Federal debe versar en tres elementos: mejorar las corporaciones policiacas a través del mando único de los poderes estatales, garantizar la impartición de justicia y los procesos penales en los distintos niveles de competencia y, finalmente, recobrar la legitimidad de las instituciones a través de impedir que delincuentes o personas relacionadas con ellos, logren acceder al poder aprovechándose del nuevo modelo democrático nacional. Al tiempo.
Desde la barrera
Y en eso de mejorar los sistemas de impartición de justicia vale la pena revisar el tlaxcalteca. Ya nuestro compañero Edgardo Cabrera en su espacio “Circo” ha dado cuenta de la serie de denuncias ciudadanas que existen en contra de aquellos que son los responsables de aplicar la ley y sancionar a los que la infringen. Esperemos que las autoridades responsables de revisar el actuar de juzgadores en nuestro Estado tomen nota de lo publicado para que se deslinden las responsabilidades que correspondan.
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