Senadora Adriana Dávila Fernández

México atraviesa por una etapa sumamente complicada, incluso estamos ciertos de una crisis en materia de derechos humanos. Acciones violentas y un número importante de delitos, desafortunadamente involucran cada vez más a niños, niñas, y especialmente adolescentes.

Este sector requiere especial atención ahora para que cada vez haya menos actos delincuenciales como los que hoy padecemos; en ese sentido, resalto el arduo trabajo parlamentario que cerró el ciclo legislativo de la Iniciativa Preferente presentada por el Poder Ejecutivo el pasado primero de septiembre.

En el Partido Acción Nacional, nos congratulamos porque la semana pasada, para ser más precisos el seis de noviembre, los legisladores llegamos a acuerdos importantes para que este país cuente por primera vez, con una Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.  Este esfuerzo atiende a la diversidad de un país multicultural como el nuestro. Por supuesto que es perfectible y amerita seguimiento continuo, supervisión especializada y evaluación permanente.

Previo a la aprobación de la ley, se escucharon las voces de Organizaciones de la Sociedad Civil, especialistas, Organismos Internacionales, autoridades de Gobierno entre otros, con múltiples opiniones al respecto. En un debate abierto, plural y tolerante todos participamos en la construcción de un acuerdo jurídico que promueva y garantice el ejercicio pleno de los derechos de niñas, niños y adolescentes que se encuentren en  territorio nacional, sean mexicanos o extranjeros, los cuales deben ser universales, que procuren el principio pro-persona y contribuyan a su desarrollo integral en beneficio de la sociedad.

Las modificaciones realizadas por los Diputados, alrededor del 10 por ciento del articulado, mantienen los objetivos y motivaciones del Senado de la República.  Muchos de los cambios propuestos se habían considerado en la minuta aprobada en septiembre de este año.    

Se destacó la importancia que los ciudadanos y sus Gobiernos  deben dar a este tema, utilizado en la mayoría de las ocasiones como un discurso político y no como un hecho que contribuya a cambiar el presente y el futuro. Sin embargo, estas acciones apuestan por el mañana de niñas, niños y adolescentes al fortalecer, proteger y garantizar sus derechos y evitar toda forma de abuso físico, mental o sexual, descuido o trato negligente, maltrato, explotación, sea por madres, padres, tutores o instituciones al cuidado de los menores.    

El derecho de quienes ejercen la patria potestad, la custodia, guarda o tutela para intervenir en la educación de niñas, niños y adolescentes, debe ejercerse con libertad, sí, pero con absoluta responsabilidad para asegurar su pleno y sano desarrollo cognoscitivo según su edad y madurez.

En el Senado no hubo, ni siquiera como insinuación, la intención de quitar o limitar ese derecho a los padres. Estoy convencida que ningún  ordenamiento  puede sustituir la voluntad política y social de las autoridades, la responsabilidad del Estado, y mucho menos las obligaciones que los Padres de familia tienen para con sus hijos. El ser Padre, Madre o tutor no otorga la facultad de ver a un hijo como propiedad o artículo accesorio; da derechos sobre los menores, pero también obligaciones para guiarlos, conducirlos, protegerlos y acompañarlos para que desarrollen sus capacidades y tomen decisiones correctas para ellos, su familia, su comunidad y su país.

En la ley se enfatiza la obligación del conocimiento y uso responsable de herramientas tecnológicas que por su naturaleza contribuyen al desarrollo; pero estas herramientas también representan, si se cae en el descuido, una ventana para el abuso y la explotación de los menores, así como un medio que invade su intimidad.

En cuanto a los medios de comunicación, vale la pena mencionar que la libertad de expresión no puede, ni debe, afectar su privacidad, mucho menos poner en peligro su honra o reputación. Ante todo, debe velarse por la protección y seguridad de niñas, niños y adolescentes. Por ello es que padres de familia, tutores y/o personas que tengan la custodia de ellos deben de estar atentos para no permitir, bajo ninguna circunstancia, situaciones de riesgo. Tenemos la obligación de cuidarlos y protegerlos, y ahora el Estado debe garantizar la seguridad y salvaguarda de sus derechos humanos.

Detrás de cada artículo de esta Ley existen miles de historias con nombres, rostros, corazones, en ocasiones incluyen domicilio y apellidos de niñas, niños y adolescentes. Por ello, debe ser prioridad nacional orientarlos y proporcionarles herramientas a fin de evitar abusos  y delitos en su contra, con ello llegado el momento, contarán con valores y ejercitarán plenamente sus derechos.

En los muy sonados casos de las “Casitas del Sur” en el Distrito Federal, la “Gran Familia” en Michoacán, o los cientos de miles de niños de la calle que viven actualmente en situaciones  deplorables, ¿quién no respetó los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes?.  La respuesta suena muy cruel si referimos  como respuesta de la anterior pregunta a sus Padres, o a las autoridades, o al Estado Mexicano,  y peor aún,   a la sociedad en su conjunto.

De ahí que para el Senado de la República una Ley como la ya aprobada se constituye en un marco normativo que sin duda coadyuvará a la reconstrucción del tejido social en México. Cierto que el proceso será complejo y llevará meses, incluso años de trabajo constante, pero es uno de los muchos pasos que debe dar el Estado mexicano para eliminar la cultura de la indiferencia ante el dolor ajeno.  Es una obligación legal hacer visibles a los invisibles y atender a aquellos que hoy son ignorados, olvidados o utilizados.

Por principio de cuentas deben tener una identidad, un nombre y una nacionalidad que le den sentido de pertenencia.  Tienen derecho a jugar sin amenazas de sufrir daños colaterales; a no trabajar ni ser explotados en los años en que su derecho y obligación es estudiar, prepararse y alcanzar el desarrollo de capacidades y talentos, en beneficio de sí mismos y de su comunidad. Merecen  ser queridos y atendidos. Tienen derecho al libre desarrollo de su personalidad, con una vida digna y con oportunidades.