Tlaxcala| Manuel Morales.- La Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó una serie de anomalías en los procesos de contratación, licitación, adjudicación, edificación y en la operatividad de la obra pública que emprendió la Secretaría de Obras Publicas, Desarrollo Urbano y Vivienda (Secoduvi) que encabeza Roberto Romano Montealegre.

De acuerdo con un reporte de transparencia de la ASF, respecto del ejercicio del 2011, la Secoduvi fue observada porque en los contratos PD/FAFFEF/042/11 y PF/HABITAT/229/11 no se amortizaron los anticipos otorgados por un millón 498 mil pesos y 496 mil, respectivamente.

Durante la auditoría practicada en el 2012 al ejercicio fiscal de 2011, resultó que esta observación fue subsanada al justificar y aclarar con documentos que acreditan el reintegro de ambas cifras por 2.8 millones de pesos, pero debió ser investigada la observación cometida por funcionarios al no reportarla en su debido momento.

El reporte también refiere que por esta situación cometida por los servidores públicos de la Secoduvi debieron ser sancionados bajo el inicio de un procedimiento administrativo.

Una segunda observación se trata de la obra PD/SECODUVI/230/2011 ya que en ésta se presentaron atrasos en la ejecución de los trabajos y no concluyeron en la fecha estipulada del contrato, dejando pasar la aplicación de penas convencionales por 102 mil 200 pesos.

«Para que realice las investigaciones correspondientes, por los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión no aplicaron en tiempo y forma, las penas convencionales por el atraso en la terminación de una obra pública», dice el texto de la recomendación a la entonces Secretaría de la Función Pública (SFP) hoy Contraloría estatal.

Una tercera observación, de las 14 realizadas de forma sustancial, es que la Secoduvi al otorgar obra pública de forma directa, no presentó los dictámenes de que las empresas tenían la capacidad técnica, maquinaria, equipo de construcción y un equipo técnico que respalde la conclusión de la obra.

Además de ello, en la adquisición de materiales y el arrendamiento de la maquinaria utilizada, ésta se generó por adjudicación directa; es decir, que los contratos fueron realizados por instrucción de algún funcionario de la dependencia “a su modo y manera”.

La ASF remarcó que en esta parte de la adjudicación no hay evidencia de la excepción a las licitaciones públicas correspondientes ya que al practicar la auditoría verificó que el arrendamiento se realizó por la totalidad de la maquinaria y no únicamente de la complementaria; es decir, que pese a tener maquinaria se contrató equipo completo para construir la obra..

A pesar de la anomalía, la desaparecida Función Pública mediante oficio fechado el 5 de diciembre de 2012, respondió a la ASF que no ha lugar a emprender un procedimiento de responsabilidad administrativa,  pero sí una sugerencia para que se apeguen a las Leyes aplicables en materia de Obra Pública, Adquisiciones, Arrendamiento y Servicios para los próximos contratos.

Dentro del resumen de observaciones, de forma global fueron 14 realizadas a obra pública: 11 de ellas fueron solventadas tras la aplicación de la fiscalización, una resultó con recomendación y dos más recurrieron a la promoción de responsabilidad administrativa sancionatoria.

El resumen de la información, detalló que la Secoduvi violentó no sólo el artículo 143 del Reglamento de la Ley de Obra Pública sino a los artículos 54, fracción VIII y el 56 de la Ley en la materia.

Esta serie de observaciones también alcanzó a la entonces Secretaría de Finanzas cuyo titular era Ricardo García Portilla.

La recomendación del ente fiscalizable del país, dijo que el ahora líder estatal del PRI, incumplió el artículo ocho del Presupuesto de Egresos de la Federación 2011.

Se le detectó que hubo deficiencias en la información reportada a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHyCP) «respecto del ejercicio, destino y resultados de los recursos del Fondo de Aportación Federal para la Entidades Federativas (FAFEF) 2011».

«No implementó mecanismo de control para agilizar la entrega de recursos a las instancias ejecutoras, no contó con mecanismos de supervisión y control suficientes para enviar la información a la SHyCP, no estableció mecanismos de control para evaluar los recursos del fondo ni para acordar medidas de mejora con hacienda».

Por ello, en el 2011, primer año del gobierno estatal, la gestión del fondo en el estado fue calificada como regular, pues los pagos de las obras fueron realizados a partir del mes de junio, casi medio año después.