Tlaxcala| Manuel Morales.- Una vez que la Comisión Estatal para la Protección de los Riesgos Sanitarios en Tlaxcala (Coepris) suspendió las actividades del crematorio denominado «Complejo Funerario “Ángel Guardián” en Apizaco, por una serie de presuntas anomalías, la dueña Leticia Fernández Vega, se amparó ante la justicia federal.

En entrevista el titular de Coepris, Ignacio Ramírez Sánchez, detalló que la notificación del juzgado primero de distrito en la entidad, resolvió en contra del complejo funerario y le negó la suspensión definitiva contra los actos de la dependencia estatal.

Aunque el asunto se encuentra en litigio, el funcionario recordó que el 25 de marzo, en la jurisdicción 1 de Apizaco, recibieron un aviso por la empresa que iniciarían operaciones formales el 28 de marzo, por lo que Coepris inspeccionó el lugar el 1 de abril de este año y detectó varias anomalías y determinó suspenderlo provisionalmente.

Anomalías como la infraestructura sin habilitar al cien por ciento, falta de aviso de funcionamiento, además de que no contaba con aviso de responsable sanitario, no tenían control de fauna nociva, falta de bitácoras, sin constancia de fumigación, entre otras más.

El funcionario estatal dijo que la empresa violó la norma sanitaria de Semarnat, la Ley General de Salud, la Ley de Salud del Estado en rubros como la normatividad de disposición de órganos, tejidos y cadáveres de seres humanos, por ello, insistió que fue suspendido temporalmente.

Aunado a ello, la Coepris recibió una queja por 80 ciudadanos de Apizaco quejándose por esta instalación de crematorio y por ello se inspeccionó.

A pregunta expresa sobre consecuencias a la salud por la operación de la incineradora, dijo que sólo le compete por el manejo de las normas sanitarias, pues esta empresa no tiene permisos para funcionar como incineradora sólo como funeraria con servicios de velación.

Ramírez Sánchez, detalló que hasta en tanto no exista un resolutivo judicial la empresa no puede operar en Apizaco, además de que Coepris multará a la incineradora por irregular, pero hasta que concluya el proceso administrativo levantado en su contra.