Tlaxcala| Gerardo Orta.- El secretario general del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Cristóbal Luna Luna, reconoció que existe incertidumbre al interior del Órgano de Fiscalización Superior (OFS) y en el Congreso local, derivado de la falta de certeza jurídica que priva por la figura del titular de la institución.

Al asegurar que jurídicamente el Congreso local sí puede remover al titular del OFS, Crispín Corona Gutiérrez, el líder perredista señaló que el proceso de revisión de cuentas públicas no contará con la certeza suficiente debido a que el Auditor mayor no ha ofrecido condiciones que puedan garantizar una perfecta validación de cuentas.

En rueda de prensa, el líder perredista acusó que desde el nombramiento de Crispín Corona Gutiérrez como titular del OFS, se han presentado una serie de irregularidades que han motivado la falta de certeza en las acciones ejecutadas por el Auditor.

De manera particular, se refirió a los señalamientos que han recibido tesoreros municipales, a quienes se ha acusado de encabezar una mafia al interior de los ayuntamientos.

Cristóbal Luna acusó que el mismo Crispín Corona Gutiérrez ha sido cómplice de estas acusaciones, aunque el Congreso local no ha tomado las medidas necesarias para removerlo del cargo.

En este sentido señaló que a través de la fracción parlamentaria del PRD en el Congreso local se ha promovido el análisis jurídico de la figura del titular del OFS, a fin de que se estudie al interior de la Junta de Coordinación y Concertación Política la posibilidad de removerlo de manera definitiva.

Y es que el secretario general perredista con funciones directivas, advirtió que Crispín Corona Gutiérrez está prolongando su permanencia en el órgano para perpetuarse en el cargo.

Luna dijo que la legalidad de las cuentas está en riesgo, pues el proceso jurídico que enfrenta el OFS podría derivar en una serie de amparos promovidos por autoridades municipales.

Habrá que recordar que el próximo 31 de mayo el titular del OFS deberá entregar el informe de resultados a la Comisión de Finanzas respecto a la fiscalización de cuentas públicas, para que sea el órgano colegiado legislativo quien determine la aprobación o reprobación de las cuentas.