A BUEN ÁRBOL
22 de mayo - 2019

Por Edgardo Cabrera

Nos enteramos que el notario de Huamantla Carlos Ixtlapale Pérez recurrió a la CEDH para promover una queja en contra de la PGJE a la que culpa de omisiones en su actuar en la indagatoria de un atraco cometido a su oficina en noviembre del año 2016.

En aquel año el botín millonario incluyó joyas y dinero en efectivo que se encontraban al interior de una caja fuerte.

El delito quedó registrado en las cámaras de vigilancia con las que cuenta el abogado y entregado a la autoridad procuradora de justicia que en aquel momento encabezaba Alicia Fragoso.

Sin embargo, a más de dos años y el señalamiento en contra de un ex colaborador de la notaría al que acusaron de abrir la caja de seguridad, no se ejercitó acción penal ya que el acusado comprobó que el día de los hechos estaba en Veracruz por lo que el delito quedó impune.

Ante ello, el notario decidió acudir ante la CEDH en busca de reabrir el caso que presenta una serie de inconsistencias, amén de que comunicó a los diputados locales de su acción en busca de amparo.

El asunto es que don Ixtlapale Pérez se equivocó, a mal árbol se arrimó en busca de sombra considerando la ineficiencia mostrada a la fecha por el ombuscopión y la ambición desmedida de los levantadedos que simplemente tratarán de sacar raja política y jalar agua para su molino.

Difícilmente en el Congreso alguien podrá recuperarle sus bienes al notario, en tanto que el titular de la CEDH se limitará a hacer lo que mejor hace: NADA.

Por lo pronto ya veremos si en la PGJE reabren el caso porque al parecer a todos les pisarán los callos en este asunto.

A COLACIÓN

En eso de Cid Copión, este martes el coordinador de la fracción parlamentaria del PAN en el Congreso del estado, Milton López Avendaño, le pegó donde más le duele: en el dinero.

Resulta que promovió una reforma al presupuesto de egresos del presente año para quitar de la partida asignada a la CEDH el recurso que etiquetó de forma ilegal, Víctor Manuel Cid del Prado Pineda, a los cuatro consejeros consultivos honoríficos.

Recordemos que por sus pantalones y pesar de violar flagrantemente la Constitución Política, les asignó a cada uno una percepción mensual de más de 83 mil pesos dividido en sueldo base, bono complementario, aguinaldo y prima vacacional.

Ya veremos si la iniciativa, que fue mandada a la Comisión de Finanzas que encabeza la morenista María del Rayo Netzahuatl prospera o se queda en la congeladora, yo apuesto por lo último.

Recordemos que dicha diputada solapó la ilegalidad y confió en la “buena palabra” de dicho sujeto, al señalar que le había asegurado que los mencionados sueldos no se habían pagado y que sólo se trataba de una “previsión” que había hecho ante la iniciativa del PES para otorgarle una percepción económica a los honoríficos.   

La realidad es que por dónde se le busque Cid sobrepasó sus atribuciones, para empezar no es legislador para hacer “previsiones” y, para rematar, menos para asignar sueldo a quien la ley prohíbe.

Sobre este caso también llama poderosamente la atención que a cinco meses de que saliera a relucir el tema ninguno de los consejeros consultivos hayan realizado algún pronunciamiento, ¡qué curioso!, ¿no?