Por Edgardo Cabrera

Las incongruencias en los representantes populares y funcionarios públicos morenos están a la orden del día.

Resulta que Tlaxcala fue marginado del Fondo para el Fortalecimiento a la Seguridad Pública (Fortaseg), a pesar de que al menos cuatro municipios reunían las características para obtener dichos recursos extraordinarios y tenían antecedentes de haber recibido esos fondos federales en el año 2018.

Se tratan de Tlaxcala, Apizaco, Huamantla y Chiautempan, que en su conjunto obtuvieron una bolsa de poco más de 41 millones de pesos el año pasado.

Y dejar fuera a la entidad de dichos apoyos se contrapone a las exigencias de legisladores federales y locales morenos que en campaña acusaron creciente inseguridad en el estado y prometieron gestionar más fondos económicos para reforzar a los cuerpos policíacos.

Pero en los hechos, ya vimos, los levantadedos locales no tuvieron empacho en plantear un recorte de 150 millones de pesos en seguridad en el presupuesto de egresos 2019 que les fue vetado por el gobernador.

Mientras que los legisladores federales morenos tampoco hicieron nada para gestionar recursos del Fortaseg para los municipios, entre ellos el títere Terán o los senadores con ambiciones gubernamentales.

En tanto que la súper delegada Lorena Cuéllar y diputada federal con licencia es otro ejemplo más de incongruencia, ya que prefiere andar promoviéndose a la hora de entregar recursos de los programas sociales federales que atender las demandas de los alcaldes en materia de recursos para combatir la delincuencia.

Ya veremos ahora con qué disparate salen los defensores de oficio del partido en el gobierno federal y las plumas ladinas para tratar de justificar la marginación de Tlaxcala en el Fortaseg.

LOS GUARROS DE RAYO

En eso del mal de la chilindrina, la levantadedos del Rayo tuvo el descaro de formalizar una propuesta para quitar la seguridad al gobernador, procurador y magistrados, pero irónicamente planteó a sus correligionarios contratar guaruras para quienes cobran por representarnos, por supuesto, con cargo al presupuesto del Congreso.

Fuentes oficiales del propio poder legislativo nos confirmaron que la oriunda de Apetatitlán se dijo “preocupada” por las recurrentes manifestaciones y protestas motivadas por su, vale decir, patética labor legislativa y continuas ocurrencias enfocadas al revanchismo político.

Por ello puso a consideración de los suyos contratar seguridad privada para resguardar la integridad física de quienes cobran más de 100 mil pesos mensuales por acudir a calentar el asiento de su curul.

Y el planteamiento no resulta extraño, recordemos que cuando la señora fue alcaldesa desvió durante toda su administración una patrulla y elementos de seguridad municipal para traerlos como escolta personal y resguardar día y noche su domicilio.