Por Edgardo Cabrera

Esta semana será el plazo fatal para que el PRD defina a sus candidatos al Senado de la República luego de que se entramparan en el CEN ante la inequidad en la asignación de abanderados y el déficit de mujeres a nivel nacional.

Entrevistado en la Mesa de Redacción, el viernes pasado, el dirigente con licencia Manuel Cambrón anticipó que será antes del 11 de marzo cuando se palomeen los candidatos pendientes a nivel nacional y que en el caso de Tlaxcala la balanza sigue sin cargarse a ninguno de los lados.

Y aunque trascendió que será mujer la que tenga que poner el PRD para encabezar la fórmula en la coalición con el PAN y MC, en los hechos aún se mantienen los 3 aspirantes (Gelacio Montiel, Santiago Sesín y Alberto Amaro) cabildeando para que se respete el acuerdo inicial de que en Tlaxcala sea varón el candidato, algo que cada día se ve menos probable.

Mientras que en el lado del PRI, se sabe que también esta semana será palomeada la lista de candidatos plurinominales al senado y diputaciones federales, considerando que el periodo de registro de los mismos ante el INE inicia el 11 de marzo.

En este sentido nos enteramos que tanto Beatriz Paredes como Mariano González Zarur podrían agenciarse una posición, la primera para el senado y el segundo para una diputación federal, ya veremos.

La Novela

Los pleitos intestinos en el Instituto de Acceso a la Información Pública dieron un nuevo giro el viernes cuando el Tribunal Superior de Justicia del Estado concedió su protección a Marlene Alonso Meneses y ordenó su reinstalación como presidente luego de ser destituida por sus compañeros David Cabrera y Francisco Morones.

La sentencia fue clara por lo que se ordenó su inmediata reinstalación en tanto se resuelve de fondo el juicio de protección constitucional que promovió Alonso.

Como era de esperarse, tanto Cabrera como Morones demeritaron el fallo y se aventaron la puntada de corregirles la plana a los magistrados al señalar que su resolución es “ilegal” y que atenta contra la autonomía de la institución, es decir, para ellos el marco legal y constitucional les vale un cacahuate.

Por donde se le vea, a Marlene Alonso le han dado la razón prácticamente todos, desde el Ejecutivo que la reconoce como presidente legítima del organismo, hasta el legislativo, el OFS, presidentes municipales, organismos autónomos y ahora el TSJE.

Mientras tanto, además del juicio que se dirime en el poder judicial, los diputados locales deben agilizar el desahogo de un juicio político promovido en contra de los comisionados David y Francisco a los que se les acusa de pasarse por el arco del triunfo un decreto emitido por el legislativo y mediante el cual se le otorgó el título de presidente a Malene por un lapso de 3 años.

Veremos si en esta misma semana el Congreso del estado da por concluida la tragicomedia en la que se ha convertido el pleito en el IAIP dado que no existen voluntad de ninguna de las partes para dar por finalizado el conflicto.

Limpia total

A colación del tema, nos enteramos que al interior del Legislativo se estudia una ruta para remover a todos los consejeros y nombrar a nuevos integrantes del IAIP.

Lo anterior no resulta descabellado considerando que el daño a la institución es irreparable y que está en riesgo el manejo de los dineros públicos, amén de que el pleito se extendió a los empleados quienes han tomado partido por cada una de las partes involucradas.

Cabrera y Morones, asumiéndose como mayoría y autoproclamando presidente al primero, incurrieron en excesos en los últimos días al despedir a personal, violentar documentación oficial y usurpar funciones.

Ahora bien y pese al reconocimiento, Alonso carece de autoridad y apoyo al interior del instituto por lo que su trabajo institucional difícilmente tendrá el respaldo de sus pares lo que incluye el desahogo de decenas de expedientes relacionados con acceso a información que se encuentran en parálisis.

Por ello no resulta raro que se plantee que la mejor solución sea cortar de raíz y lo antes posible para evitar nuevos escándalos.