Plantean que «moches» por obra sean delito penal
7 de noviembre - 2017

 

Por José Luis Ahuactzin

Al reanudar la sesión legislativa de la semana pasada, esta tarde la bancada del Partido Acción Nacional (PAN) propuso al Pleno reformar el Código Penal para sancionar con cárcel e inhabilitación a servidores públicos que incurran en moches en casos de obra pública.

La lectura a cargo de la legisladora Guadalupe Sánchez Santiago, explicó que se debe castigar a los servidores públicos «que teniendo la facultad para hacerlo otorgue, realice o contrate obras públicas favoreciendo a determinadas personas física o moral recibiendo a cambio un porcentaje del precio a pagar…».

La reforma también alcanza al servidor público que «omita el cumplimiento de alguno o todos los mecanismos de control en el proceso de celebración adjudicación o asignación de contratos de obra pública con el fin de ocultar o encubrir un acto de corrupción…».

El candado para evitar los denominados moches o diezmos entre constructoras y servidores públicos, y que las obras sean de mala calidad, también alcanza la configuración delictiva.

«El servidor público que omita el cumplimiento de alguno o todos los mecanismos de control en el proceso de recepción de obra pública con el fin de encubrir deficiencias, defectos o vicios ocultos de la obra a recibir…».

Incluso, los panistas platearon tipificar el delito hacia la cuarta línea consanguínea del servidor público.

«Cuando produzcan beneficios económicos al propio servidor público, a su cónyuge descendiente o ascendiente, parientes de consanguinidad o afinidad hasta el cuarto grado, concubina o concubinario, adoptante o adoptado, o cualquier tercero con el que tenga vínculos afectivos económicos o de dependencia administrativa directa, socios o sociedades de las que el servidor público o las personas antes referidas formen parte, se le aumentará las penas en una tercera parte además de la destitución del empleo cargo o comisión e inhabilitación…».

La propuesta, pretende que estas conductas sean encuadradas en la figura delictiva de «uso indebido de atribuciones y facultades…», aunque no fue aprobada, será analizada en la Comisión de Puntos Constitucionales.